La presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado el cumplimiento de la ley como eje central de su postura frente al caso fiscal del empresario Ricardo Salinas Pliego, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificara la resolución sobre los adeudos tributarios del magnate. En su posicionamiento público, Sheinbaum anunció que se transparentará el procedimiento de cobro, remarcando que se trata de una resolución judicial definitiva que debe ejecutarse sin tintes políticos.
La mandataria subrayó que el cobro de impuestos no debe ser motivo de politización, pese a los intentos de ciertos actores de transformar un asunto legal en una bandera ideológica. En ese contexto, criticó las declaraciones del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien insinuó la posibilidad de apoyar a Salinas Pliego como candidato presidencial para 2030. Para Sheinbaum, tal escenario representa un proyecto sin sustento, incompatible con los principios de equidad fiscal y justicia social.
La presidenta vinculó esta postura con lo que considera una reconfiguración de la derecha mexicana, a la que calificó como un intento por rescatar viejas premisas del porfiriato. En sus palabras, el relanzamiento del PAN encarna una visión política que privilegia a unos cuantos por encima de las mayorías, promoviendo la desigualdad como modelo de organización social y regresando a una lógica excluyente y autoritaria.
Sheinbaum fue enfática: “imagínense una persona que presume su riqueza frente al pobre y a las clases medias, y que además no paga impuestos”, en referencia directa a Salinas Pliego. El mensaje también apuntó a las campañas de descrédito en redes sociales y medios de comunicación, que atribuyó a sectores de ultraderecha nacionales e internacionales.
Más allá de la confrontación política, el caso revela una tensión institucional clave: la aplicación efectiva del estado de derecho frente a actores económicos poderosos y la narrativa de un nuevo gobierno que busca distanciarse de los privilegios heredados. En ese sentido, el seguimiento al proceso de cobro será una prueba de fuego para la credibilidad fiscal y jurídica del actual sexenio.
