La ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de la República y sus primeras decisiones marcan un avance operativo inmediato en el ámbito penal y un incremento de la tensión política entre el oficialismo y la oposición. El Senado confirmó a Godoy a principios de diciembre, y el nombramiento fue celebrado públicamente por la Presidencia.
En los días posteriores a su ratificación, la Fiscalía que encabeza Godoy ordenó la captura del exgobernador César Duarte, quien enfrenta acusaciones por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero; la medida se produjo tras gestiones que incluyeron autorizaciones para presentar cargos federales adicionales. La detención fue presentada por la FGR como una acción penal relevante que la nueva dirección ejecutó de forma inmediata.
Paralelamente, legisladores de Morena intensificaron acciones contra el exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca: presentaron nuevas denuncias ante la FGR y llevaron firmas y solicitudes a la Suprema Corte para acelerar la revisión de amparos que han impedido órdenes de aprehensión. El movimiento político incluye tanto recursos legales como presión pública para que las instancias judiciales y ministeriales actúen con mayor celeridad.
Estos hechos ocurren en un contexto legislativo activo: hace un mes la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos 2026 con reasignaciones por cerca de 17,788 millones de pesos, movimientos que generaron debate sobre prioridades institucionales y financieras. En paralelo, el Congreso ha moderado —según predictámenes recientes— las propuestas iniciales del Ejecutivo sobre alzas arancelarias a importaciones asiáticas. Este entorno político-financiero complejiza la agenda pública y opaca, en ocasiones, el debate técnico sobre procedimientos judiciales.
Implicaciones institucionales y sociales: primero, la combinación de una Fiscalía bajo nueva dirección y acciones simultáneas del partido gobernante puede aumentar la percepción de una administración más activa en materia anticorrupción —lo que puede traducirse en mayor litigiosidad política—; segundo, el uso de denuncias y presión pública para acelerar procesos jurídicos plantea interrogantes sobre la separación de poderes y la imparcialidad de las investigaciones; y tercero, el clima político condiciona la atención pública y mediática sobre iniciativas presupuestarias y de política económica.
En síntesis, diciembre de 2025 muestra un inicio de gestión de la FGR marcado por resultados operativos visibles y por una estrategia política del oficialismo que exige respuestas rápidas del sistema judicial. El curso de los casos emblemáticos y la manera en que las instancias judiciales respondan serán determinantes para la percepción de independencia institucional y para la estabilidad de la agenda pública en las próximas semanas.
