S&P Global Ratings encendió una alerta seria sobre la economía mexicana al cambiar de estable a negativa la perspectiva de la deuda soberana del país. La agencia mantuvo la calificación en BBB para la deuda de largo plazo en moneda extranjera y en BBB+ para la deuda en moneda local, ambas dentro del grado de inversión, pero el mensaje de fondo fue mucho menos tranquilizador: México mantiene la nota, sí, pero el margen de maniobra fiscal se está estrechando y el deterioro podría agravarse si el ajuste de las finanzas públicas sigue avanzando con demasiada lentitud.
La decisión de S&P no se explica por un solo factor, sino por una combinación que ya empieza a ser estructuralmente incómoda. La agencia identificó como principales focos de presión el bajo crecimiento económico, la rigidez del gasto público, el aumento de la carga de intereses y la débil posición financiera de las empresas estatales más pesadas del país, en particular Pemex y CFE. En otras palabras, la calificadora no solo está viendo un gobierno con menos espacio presupuestario; está viendo también una economía que crece poco y que, por lo mismo, dificulta todavía más una consolidación fiscal ordenada.
S&P fue explícita al advertir que la perspectiva negativa refleja el riesgo de una consolidación fiscal muy lenta, derivada en buena medida de un crecimiento débil que podría traducirse en un aumento más rápido de lo previsto en la deuda pública y en el costo financiero del gobierno. Esa formulación importa porque no describe un problema pasajero ni meramente contable. Lo que está sugiriendo la agencia es que México puede entrar en una dinámica donde el crecimiento insuficiente y la presión fiscal se alimenten mutuamente: se recauda con menos fuerza, se gasta con poca flexibilidad, se financia con mayor costo y, al final, el balance se deteriora más rápido.
Los números que acompañan el ajuste ayudan a dimensionar el problema. S&P prevé que el déficit del gobierno general llegue a 4.8% del PIB en 2026, después de un nivel de 4.9% en 2025 y de 5.2% en 2024. Para ponerlo en perspectiva, Bloomberg Línea recoge que el promedio del déficit entre 2019 y 2023 fue de apenas 2.7% del PIB. Es decir, la nueva normalidad fiscal de México ya no se parece a la de los años previos: el déficit se ha quedado en una franja significativamente más alta y la corrección hacia abajo luce más lenta de lo que la calificadora consideraría deseable.
El otro dato clave es la deuda. S&P proyecta que la deuda neta del gobierno general subirá de 49% del PIB en 2025 a alrededor de 54% en 2029. Bloomberg Línea añade que la agencia estima un incremento promedio anual de 4.4 puntos del PIB en la deuda pública neta entre 2026 y 2029. Además, espera que los pagos por intereses, como proporción de los ingresos públicos, se mantengan en promedio ligeramente por encima de 15% hacia 2028, incluso si bajan algo desde su pico reciente. Esa cifra importa porque cada peso que se destina al servicio de la deuda es un peso que deja de ir a inversión, infraestructura, salud, educación o amortiguación económica.
En esta historia, Pemex no aparece como nota al pie, sino como una de las piezas centrales del problema. S&P considera que el apoyo fiscal continuo a Pemex y CFE seguirá agravando las rigideces presupuestarias del país. Más todavía, la agencia parte del supuesto de que todas las amortizaciones de deuda de Pemex serán financiadas con transferencias del gobierno federal. Y advierte que, si los resultados operativos de la petrolera siguen siendo malos, el gobierno podría verse obligado a aportar todavía más recursos para cubrir pérdidas financieras futuras. Ese punto es crucial: el costo fiscal de Pemex ya no se evalúa como una presión potencial, sino como una carga casi incorporada en la trayectoria base del soberano.
S&P también pone el dedo en la llaga del crecimiento. Reuters señala que la agencia considera que el bajo crecimiento del PIB per cápita sigue siendo una de las principales restricciones para la calificación de México. Bloomberg Línea agrega que la economía mexicana creció apenas 0.8% en 2025, tras 1.1% en 2024 y 3.3% en 2023, y que para 2026 S&P prevé un avance de apenas 1%, con la posibilidad de que el ritmo tienda hacia 2% más adelante si disminuye la incertidumbre y la política monetaria adopta un tono más expansivo. No es un escenario de recesión prolongada, pero sí uno de crecimiento insuficiente para aliviar por sí solo la presión sobre las finanzas públicas.
A esa debilidad interna se suma un entorno externo menos favorable. S&P considera que, aunque las relaciones comerciales con Estados Unidos seguirán siendo sólidas, la incertidumbre sobre la renegociación del acuerdo comercial norteamericano debilita la confianza de los inversionistas. Esa observación es relevante porque conecta dos planos que a veces se analizan por separado: el fiscal y el de inversión. Si el entorno comercial se vuelve más incierto, la inversión privada se frena; si la inversión privada se frena, el crecimiento pierde fuerza; y si el crecimiento pierde fuerza, la consolidación fiscal se vuelve todavía más difícil.
La agencia también dejó entrever cuáles serían los detonantes de un deterioro mayor. AP reporta que S&P podría rebajar la calificación de México en los próximos 24 meses si el país no reduce el déficit de manera oportuna y no logra estabilizar la deuda pública. Dicho de otro modo, la perspectiva negativa no es un castigo inmediato, pero sí una advertencia formal de que la ventana para corregir el rumbo no es infinita.
Lo más delicado de todo esto es que la advertencia llega en un momento en que México todavía conserva el grado de inversión, pero con menos holgura narrativa que antes. La nota no cayó, es cierto. Pero el mensaje de S&P es que el país ya no puede descansar en la idea de que sus fundamentos macroeconómicos son suficientes por sí solos para contener cualquier deterioro. Con crecimiento bajo, déficit altos, intereses pesados y Pemex todavía colgado del presupuesto, el problema ya no es solo de percepción. Es de trayectoria.
