La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recomendó a México implementar una nueva revisión estructural a su sistema de retiro que vincule de forma gradual los parámetros de jubilación con la esperanza de vida y la evolución demográfica del país. El organismo regional alertó que, a pesar de los ajustes regulatorios aprobados en 2020 y las modificaciones legales posteriores, el envejecimiento acelerado de la población continúa ejerciendo una presión fiscal sin precedentes sobre las finanzas públicas, amenazando la sostenibilidad presupuestaria ante el agotamiento del bono demográfico proyectado para el año 2030.
El diagnóstico institucional señala que la problemática central radica en el incremento sostenido de la tasa de dependencia, reduciendo el número de trabajadores activos disponibles para fondear las obligaciones de cada persona retirada. De acuerdo con las estimaciones demográficas del Consejo Nacional de Población retomadas por el organismo, México alcanzará cerca de 138 millones de habitantes hacia 2030, de los cuales el 14.96% superará los 60 años de edad. A nivel regional, el informe sobre cambio demográfico de la Cepal proyecta que para 2050 las personas mayores de seis décadas representarán una cuarta parte de la población en América Latina y el Caribe, sumando aproximadamente 182 millones de personas.
Las cifras presupuestarias oficiales reflejan un crecimiento constante en la absorción de recursos públicos. En 2020, las erogaciones destinadas a jubilaciones representaban 15.92 pesos de cada 100 pesos del gasto neto total ejercido, proporción que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyecta en 16.85 pesos por cada centenar durante el ejercicio fiscal 2026. Al integrar el programa de ingreso básico universal para personas de la tercera edad, las transferencias globales hacia este sector de la población alcanzan 22 de cada 100 pesos del presupuesto de la federación.
Para el ejercicio 2026, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla una asignación de un billón 704 mil millones de pesos para cubrir las obligaciones de pensiones contributivas, dentro de un gasto total programado de 10 billones 115 mil millones de pesos. A dicho monto se adicionan 526,508 millones de pesos anuales asignados a la pensión no contributiva de adultos mayores, elevando el gasto global aprobado por el Congreso a 2.32 billones de pesos, cifra equivalente a cerca del 6% del Producto Interno Bruto nacional. Durante el primer semestre de 2026, el gasto acumulado en el rubro alcanzó 1.13 billones de pesos, absorbiendo un monto equivalente al 71.9% de toda la recaudación captada por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en dicho periodo, lo que representa que 34 de cada 100 pesos del gasto programable federal se destinan al pago de estas transferencias.
Frente a esta coyuntura fiscal, especialistas y organismos técnicos plantean fortalecer los pilares del sistema de pensiones en México a través de la creación de una reserva fiscal financiada con excedentes presupuestarios y el fomento formal del empleo para ampliar la base de contribuyentes. Entre las propuestas operativas se contempla elevar gradualmente las aportaciones patronales y obreras en las cuentas individuales desde el 15% hasta un rango de entre 18% y 20% en un plazo de diez años, incentivar el ahorro voluntario y flexibilizar los rangos de retiro laboral.
La administración federal mantiene la operatividad plena del Fondo de Pensiones para el Bienestar durante 2026 para complementar los retiros de las leyes del Seguro Social de 1997 y del ISSSTE de 2007. El debate planteado por la Cepal establece la urgencia de adoptar medidas paramétricas preventivas antes de que la transición demográfica comprometa la capacidad del erario público para financiar áreas estratégicas como la salud y la educación.
