La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este jueves a la exigencia del gobierno de Estados Unidos para que México investigue, detenga y procese a funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales, planteamiento incluido por Donald Trump en un informe enviado al Congreso estadounidense sobre países de tránsito y producción de drogas.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que México cuenta con instituciones encargadas de investigar posibles vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado y rechazó que las decisiones mexicanas deban depender de señalamientos formulados desde Washington. “Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera”, afirmó.
La declaración ocurrió un día después de que la Casa Blanca reconociera los esfuerzos realizados por México en materia antidrogas, pero señalara que el país debe hacer más para enfrentar a los grupos criminales, sus finanzas.
El documento estadounidense incluyó entre sus planteamientos la necesidad de identificar, detener y procesar a funcionarios públicos presuntamente relacionados con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Sheinbaum pide revisar también las acciones de Estados Unidos
La respuesta de la presidenta no consistió en rechazar las investigaciones contra funcionarios mexicanos. Su argumento fue que esas indagatorias deben realizarse cuando existan elementos y mediante las instituciones nacionales responsables de procuración e impartición de justicia.
Sheinbaum pidió, al mismo tiempo, que Estados Unidos informe sobre las acciones que realiza dentro de su territorio contra los grupos que distribuyen drogas, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas hacia México. Cuestionó qué resultados existen del otro lado de la frontera.
La mandataria señaló que México ha detenido a funcionarios cuando las investigaciones han encontrado posibles vínculos con actividades delictivas y mencionó como ejemplo reciente el caso de un alcalde de Puebla detenido en una investigación relacionada con una red dedicada al robo de transporte de carga.
México y Estados Unidos mantienen mecanismos de cooperación para compartir información, realizar detenciones, intercambiar datos y tramitar extradiciones. El planteamiento mexicano es que las investigaciones dentro del país deben desarrollarse conforme a la legislación nacional.
Seguridad y soberanía vuelven al centro de la relación
El desacuerdo aparece en un momento de presión bilateral sobre la política de seguridad, migración y control fronterizo, temas que mantienen una relación constante entre ambos gobiernos actualmente. El documento presentado por Trump no colocó a México entre los países que, según la determinación estadounidense, habían “fallado demostrablemente” durante los 12 meses anteriores en sus obligaciones internacionales contra las drogas. Sin embargo, sí señaló que México debía intensificar sus acciones.
Sheinbaum recordó que el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México también forma parte del problema. Señaló que, aunque existen detenciones e incautaciones, el poder de fuego de las organizaciones criminales mexicanas no puede analizarse sin considerar el ingreso ilegal de armas desde el país vecino.
La presidenta también cuestionó el lavado de dinero y el consumo de drogas en Estados Unidos, asuntos que forman parte de la demanda mexicana de corresponsabilidad. Con ello, la discusión dejó de centrarse únicamente en lo que México debe hacer y pasó a incluir las obligaciones que cada gobierno asume dentro de su propio territorio.
El intercambio no implica que México desconozca la necesidad de investigar posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales. Tampoco modifica por sí mismo los mecanismos de cooperación existentes. Lo que permanece abierto es el alcance de las exigencias estadounidenses y la forma en que ambos gobiernos pueden coordinarse sin trasladar a una parte las responsabilidades que corresponden a la otra.
La respuesta de Sheinbaum establece así una posición de cooperación acompañada de reciprocidad entre ambos gobiernos: México continuará actuando contra delitos y posibles redes de corrupción, mientras exige que Estados Unidos también muestre resultados propios frente al tráfico de drogas, el lavado de dinero y las armas que llegan a territorio mexicano.
