La transformación digital del Gobierno federal ya tiene una cifra para medir su primera etapa: 1,947 trámites eliminados y otros 4,045 simplificados. El balance presentado este jueves por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, coloca esa reducción administrativa junto con una segunda apuesta: llevar más pagos al entorno digital mediante una nueva Ley de Economía Digital.
La estrategia parte de modificar los trámites antes de digitalizarlos. De acuerdo con los datos expuestos por la Agencia, la revisión permitió reducir de seis a dos el promedio de requisitos y de 44 a 22 días el tiempo promedio de resolución. La lógica es que una plataforma digital no resuelve por sí sola un procedimiento complejo; primero se eliminan requisitos, se fusionan gestiones y se retiran pasos innecesarios.
Ese proceso se apoya en la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. El objetivo es que la relación con las dependencias requiera menos documentos, menos tiempo y menos desplazamientos, tanto para ciudadanos como para empresas.
Uno de los siguientes pasos será Expediente MX, cuyo lanzamiento está previsto para octubre. La herramienta permitirá que, con autorización de las personas usuarias, las dependencias consulten documentos que ya estén disponibles digitalmente, en lugar de solicitar nuevamente la misma información. Entre los documentos contemplados están la CURP, actas del Registro Civil, cédula profesional y constancia de situación fiscal.
Menos trámites, pero también menos documentos repetidos
La apuesta por simplificar cambia el punto de partida de la digitalización. En lugar de trasladar formularios físicos a una pantalla, el Gobierno busca reducir las cargas que existen antes de llegar a ella. Para los usuarios, la diferencia se refleja en requisitos y tiempos; para las dependencias, implica compartir información y modificar procesos internos.
El proyecto de Expediente MX apunta precisamente a esa parte. Si una persona ya entregó determinada documentación y autorizó su consulta, otra dependencia podría utilizarla sin pedirle que vuelva a presentarla.
El segundo frente de la estrategia está en los pagos. La iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos fue presentada por el Ejecutivo el 9 de septiembre y permanece en proceso legislativo en la Cámara de Diputados. Su propósito es promover la adopción de medios de pago electrónicos y digitales y cerrar la brecha entre la infraestructura disponible y su utilización.
La ley busca cambiar la forma de pagar
La propuesta contempla que las autoridades de los tres órdenes de gobierno habiliten medios digitales para recibir pagos por trámites y servicios. También plantea obligaciones para proveedores de bienes y servicios relacionadas con la infraestructura necesaria para aceptar estas operaciones.
El proyecto contempla aprovechar herramientas existentes como SPEI y CoDi.
La propuesta está vinculada con la inclusión financiera y la formalización económica. El Gobierno plantea que facilitar los pagos digitales puede hacer más sencilla la operación de negocios. El 23 de septiembre, la Secretaría de Economía informó que su programa “Crece tu MIPYME con pagos digitales” ya había habilitado a un millón de micro, pequeñas y medianas empresas para aceptar pagos digitales.
La eliminación y simplificación de trámites forma parte de una estrategia en ejecución, mientras que la Ley de Economía Digital aún puede modificarse durante su discusión legislativa.
Por ahora, ambos procesos avanzan con un mismo objetivo operativo: reducir fricciones en la relación entre ciudadanos, empresas y gobierno. En los trámites, el cambio se mide en menos requisitos y menor tiempo de resolución; en los pagos, la propuesta busca que una mayor parte de las operaciones pueda realizarse mediante canales electrónicos. La siguiente etapa dependerá de la implementación de las herramientas anunciadas y, en el caso de la ley, de las decisiones del Congreso.
