La Fiscalía General de la República separó de su cargo a su delegado en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, después de detectar anomalías en el procedimiento relacionado con el aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide. La salida fue confirmada este viernes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien señaló que la revisión interna de la Fiscalía encontró irregularidades en la actuación de la delegación estatal.
El caso tomó un giro distinto al anunciado inicialmente como un gran golpe contra el tráfico ilegal de hidrocarburos. La propia autoridad todavía no acredita que el combustible asegurado sea de procedencia ilícita. García Harfuch explicó que continúan las investigaciones para establecer si el producto contaba con documentación y permisos, así como para determinar su origen y trazabilidad.
El aseguramiento ocurrió el 17 de septiembre en un inmueble de San José Iturbide. La FGR informó entonces que encontró 33 millones 504 mil 67.406 litros de gasolina regular, 7 millones 266 mil 813.6174 litros de Premium y 18 millones 265 mil 989.504 litros de diésel. También reportó siete unidades de transporte, 10 contenedores de gran capacidad y documentación contable.
La investigación había comenzado el 3 de julio, después de que una persona fuera detenida mientras presuntamente descargaba combustible de una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz y no pudiera acreditar su origen. Las diligencias posteriores condujeron hasta el inmueble donde se realizó el aseguramiento.
Sin embargo, el expediente dejó de estar únicamente en manos de la representación estatal. El 19 de septiembre, la FGR informó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, había atraído la investigación por su complejidad. La revisión quedó enfocada en determinar la propiedad del hidrocarburo, su trazabilidad financiera y fiscal y la documentación presentada por las empresas relacionadas.
El aseguramiento cambió de sentido
La intervención de la FEMDO y la salida del delegado modificaron el alcance institucional del caso. Ya no se trata solamente de establecer qué ocurrió con el combustible localizado, sino también de revisar cómo se construyó y ejecutó el operativo que llevó a su aseguramiento.
La empresa vinculada con el centro de almacenamiento, Grupo Simsa, sostuvo que el combustible pertenecía a terceros y que contaba con permisos para su manejo. La FGR, por su parte, indicó que todavía necesitaba documentación para comprobar de manera completa el origen, manejo y destino del producto.
Mientras la investigación permanezca abierta, no corresponde presentar los 59 millones de litros como huachicol confirmado ni atribuir responsabilidad penal a las empresas o personas relacionadas sin una determinación judicial.
La FGR revisa su propia actuación
La destitución de Vera Ayala introduce una segunda investigación dentro del mismo episodio: la revisión de las actuaciones realizadas por la delegación de Guanajuato. García Harfuch señaló que las anomalías detectadas llevaron a la separación del funcionario, mientras las áreas centrales de la Fiscalía asumieron el seguimiento del expediente.
El movimiento también evidencia la necesidad de separar dos asuntos que avanzan de manera paralela. Por un lado, la autoridad debe establecer si existió algún delito relacionado con el combustible, su origen o su comercialización. Por otro, debe determinar si el procedimiento utilizado para localizar y asegurar el hidrocarburo se ajustó a las reglas aplicables.
Hasta ahora, la información oficial disponible no establece que los 59 millones de litros sean ilegales. Tampoco la salida del delegado constituye por sí misma una determinación de responsabilidad penal. Ambas cuestiones deberán definirse en las investigaciones correspondientes.
El expediente permanece bajo revisión de la FEMDO y la FGR continúa con el análisis documental y las diligencias sobre las empresas vinculadas. El caso, que inicialmente fue presentado como un aseguramiento histórico, ahora también plantea preguntas sobre la actuación de la propia Fiscalía y sobre la solidez de la información con la que se ejecutó el operativo.
