Reynaldo Pérez Pérez, defensor indígena que acompañaba a familias desplazadas en los Altos de Chiapas, fue asesinado el miércoles 28 de octubre en Yabteclum, comunidad del municipio de Chenalhó. El crimen ocurrió pese a que estaba incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y contaba con un botón de pánico y un teléfono satelital, medidas que debían contribuir a reducir los riesgos que enfrentaba. Los reportes iniciales señalaron que recibió siete disparos.
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por el homicidio. Los primeros datos recabados indican que dos hombres que viajaban en motocicleta dispararon contra Pérez en un taller de la localidad. El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que personal ministerial y pericial acudió al lugar para procesar la escena y reunir indicios. Hasta el momento, las autoridades no han presentado públicamente una conclusión sobre el móvil del ataque.
La investigación deberá establecer quiénes participaron y si el asesinato estuvo relacionado con el trabajo de Pérez. Esa conexión no puede darse por confirmada sin pruebas, pero las amenazas previas obligan a examinar su historial de riesgo y la respuesta institucional.
Las medidas de protección no evitaron el ataque
Pérez había ingresado al mecanismo federal de protección el 13 de junio de 2023, después de que se reportaran amenazas y agresiones contra él y otro defensor de la región. Las medidas incluían un botón de pánico y un teléfono satelital. En 2025, organismos de Naciones Unidas advirtieron sobre los riesgos que ambos enfrentaban y alertaron sobre amenazas, intentos de desaparición y agresiones. Esos antecedentes hacen que la revisión del caso no pueda limitarse a identificar a los autores materiales.
La pregunta central es si las medidas asignadas correspondían al nivel de riesgo y si existió seguimiento suficiente a las alertas. Para responderla, las autoridades deberán precisar qué evaluaciones se hicieron, cómo se monitoreó la situación de Pérez y qué coordinación hubo entre las instancias federales y estatales. También será relevante esclarecer si el botón de pánico fue activado; hasta ahora, ese dato no se ha informado públicamente.
Un mecanismo de protección no elimina por sí mismo el peligro: requiere medidas adecuadas al riesgo, actualización ante nuevas amenazas y reacción oportuna. El homicidio obliga a revisar tanto la investigación penal como el funcionamiento del sistema.
Las comunidades que acompañaba siguen desplazadas
El trabajo de Pérez estaba vinculado con familias tzotziles desplazadas de Santa Martha, en Chenalhó, y con personas que denunciaban despojos y violencia. En junio de 2022, decenas de familias abandonaron esa comunidad por la inseguridad y las disputas territoriales. Pérez las acompañó en sus demandas de atención y en la búsqueda de condiciones para regresar de manera segura.
También intervino como mediador en conflictos agrarios entre Aldama y Chalchihuitán, municipios donde las disputas por límites de tierras han coincidido con episodios de violencia y desplazamiento. La región arrastra antecedentes de ataques armados y comunidades que no han podido volver a sus hogares. Este contexto permite dimensionar los riesgos de su labor, aunque no demuestra por sí solo quién ordenó o ejecutó el homicidio.
Las personas que dependían de su acompañamiento pierden a un interlocutor que conocía sus casos y llevaba sus denuncias ante las autoridades. Proteger a familiares, testigos y otros defensores también será indispensable.
El desafío para las instituciones no termina con la captura de los responsables. También implica esclarecer si las advertencias previas recibieron atención adecuada y evitar que otras personas amenazadas queden expuestas. La Fiscalía deberá presentar avances verificables sobre el crimen, mientras las instancias responsables de protección tendrán que explicar qué medidas estaban vigentes y si eran suficientes frente al riesgo conocido.
