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* En colaboración con Jaime Tbeili Palti
En México, la política se hereda como si fuera un título nobiliario. La reciente reforma contra el nepotismo parecía un paso en la dirección correcta, pero su aplazamiento hasta 2030 por parte de Morena y sus aliados ha generado críticas. En lugar de erradicar una práctica que debilita la democracia, el Congreso ha optado por darle más tiempo a quienes buscan perpetuar el poder en sus círculos familiares.
La presidenta Claudia Sheinbaum propuso originalmente que la reforma entrara en vigor para las elecciones de 2027, lo que habría impedido casos como el de Félix Salgado Macedonio, quien pretende suceder a su hija en Guerrero. Sin embargo, la decisión legislativa permite que caciques políticos mantengan su control durante otro ciclo electoral.
El argumento de que se necesita más tiempo para aplicar la reforma es endeble. En el pasado, las reglas electorales han cambiado con plazos más cortos y sin mayores problemas. La realidad es que la política mexicana se resiste a renunciar a sus privilegios. No sorprende que la oposición y organizaciones civiles hayan criticado el retraso, señalándolo como un aval para que las élites políticas sigan reproduciéndose en el poder.
Más allá de esta reforma, el nepotismo ha sido una constante en la política nacional. Gobiernos estatales y municipales han operado como dinastías familiares: los Moreira en Coahuila, los Yunes en Veracruz, los Duarte en Chihuahua y muchos otros. Estas redes no solo controlan el poder, sino también los recursos públicos y las instituciones electorales locales, lo que dificulta la competencia real.
La postura de Sheinbaum ha sido ambigua. Aunque advirtió que quienes postulen a familiares en 2027 “se verán muy mal”, también aceptó el aplazamiento de la reforma con un tono pragmático. En política, el compromiso es inevitable, pero esta concesión deja abierta la puerta para que el problema persista.
Aun si la reforma entra en vigor en 2030, queda la duda de quién garantizará su cumplimiento. En México, la brecha entre la ley y la realidad es enorme. Muchas normas terminan siendo burladas mediante lagunas legales o acuerdos políticos.
El nepotismo no se elimina solo con reformas; requiere un cambio cultural donde el acceso a la política dependa del mérito, no de los apellidos. Sin embargo, cuando las propias leyes permiten prolongar estas prácticas, el mensaje es claro: la democracia sigue siendo rehén de las élites.
El aplazamiento de la reforma confirma que la clase política no está dispuesta a renunciar fácilmente a sus privilegios. En las elecciones de 2027, veremos más de lo mismo: candidaturas heredadas, dinastías intocables y una democracia atrapada en sus viejas cadenas.
