Escuchar
* En colaboración con Jaime Tbeili Palti
El horror descubierto en Jalisco ha sacudido a la sociedad y ha evidenciado, una vez más, la brutalidad con la que opera el crimen organizado en el país. En el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, las autoridades encontraron restos humanos, indicios de tortura y reclutamiento forzado por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Más de 1,000 prendas de ropa y hornos clandestinos utilizados para la cremación de cuerpos apuntan a una violencia extrema. Sin embargo, el debate público no ha girado en torno a la exigencia de justicia para las víctimas, sino en disputas políticas y en tecnicismos sobre cómo llamar a este sitio.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó que se trate de un «campo de exterminio» y explicó que el término se refiere a lugares donde el asesinato se realiza de manera sistemática a una escala masiva, como en los genocidios. Su aclaración es válida en términos estrictos, pero para las familias de los desaparecidos, la semántica es irrelevante. Lo cierto es que en ese rancho hubo muertes, torturas y desapariciones, lo que confirma el nivel de impunidad con el que opera el crimen organizado. Más allá de la discusión sobre la denominación, lo que se necesita es una respuesta contundente y efectiva por parte del Estado.
Mientras tanto, figuras políticas como Gerardo Fernández Noroña han optado por minimizar la gravedad del hallazgo, acusando a la oposición de «explotar» la tragedia con fines electorales. Sus declaraciones desvían la atención de lo importante: ¿cómo es posible que operen estos sitios sin que las autoridades actúen a tiempo? ¿Qué se está haciendo para evitar que existan más lugares como este? En lugar de enfocarse en las víctimas y en la necesidad de reforzar la seguridad, algunos servidores públicos han preferido convertir el tema en un arma política.
Lo sucedido en Teuchitlán no es un hecho aislado. México tiene más de 120,000 desaparecidos y el hallazgo de fosas clandestinas es constante. Sin embargo, el Estado sigue sin garantizar justicia para las familias que buscan a sus seres queridos. La tragedia de Jalisco es una muestra más de un país donde la violencia se ha vuelto parte del día a día, mientras los responsables de combatirla se enredan en debates retóricos y en pugnas políticas.
¿Hasta cuándo seguiremos normalizando estos horrores? Más allá de cómo se nombre lo sucedido en Teuchitlán, lo que el país necesita son acciones firmes, investigaciones serias y una estrategia de seguridad que realmente funcione. Si el Estado no asume su responsabilidad y sigue permitiendo que estos crímenes ocurran, la indignación social crecerá. Pero la verdadera pregunta es: ¿será suficiente para cambiar algo?
