En su sesión del miércoles 25 de junio, el Senado de la República dio luz verde a modificaciones clave en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como en el Código Penal Federal. Estas enmiendas buscan fortalecer la supervisión financiera tras los señalamientos de entidades mexicanas por parte de Estados Unidos.
Con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, los legisladores acordaron extender el alcance de la ley para incluir el financiamiento al terrorismo y definir con más precisión quiénes son beneficiarios controladores, además de enfatizar la obligación de identificar y reportar operaciones sospechosas.
La reforma amplía la coordinación entre la Secretaría de Hacienda, la Guardia Nacional y organismos como la CNBV, la CNSF y la Consar. También establece la obligación de las instituciones financieras de mantener sistemas automatizados de monitoreo continuo para sus clientes de alto riesgo, elevando el plazo de conservación de documentos de cinco a diez años.
En el ámbito penal, se ajustó el artículo 400 bis del Código Penal para reforzar la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera como instigator de denuncias en casos de lavado de dinero. Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, resaltó que la reforma es preventiva y responde a compromisos internacionales adquiridos por México ante el GAFI.
