La economía mexicana anticipa una robusta aceleración en la inversión física para 2026, con una proyección de crecimiento del 9.7%. Esta cifra es un pilar central en el pronóstico económico del gobierno, buscando que la inversión total represente el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Este ambicioso repunte es impulsado directamente por la finalización y consolidación de los grandes proyectos de infraestructura heredados y de nueva creación, como los trenes y las obras energéticas.
No obstante, esta dependencia del gasto estatal genera un debate crítico sobre la sostenibilidad del modelo. Si bien la inversión pública es un motor de empleo crucial a corto plazo, el crecimiento a largo plazo requiere un compromiso mucho mayor del capital privado. Los analistas advierten que la actual tasa de inversión, aunque mejorada, sigue siendo insuficiente para que México aproveche plenamente las oportunidades del nearshoring y logre un crecimiento estructural superior al 3% anual.
El reto principal para el país es convertir la inversión estatal en un imán para el capital privado. Persisten las señales de cautela entre los empresarios, afectadas por la incertidumbre regulatoria y la falta de un plan energético claro para la generación de energías limpias. La sustentabilidad de la proyección de crecimiento para 2026 dependerá de que la inversión privada finalmente se reactive, consolidando un patrón de crecimiento más equilibrado y menos dependiente de los ciclos políticos.
