Según el Fondo Monetario Internacional, México registrará en 2025 el mayor déficit fiscal en un primer año de gobierno de al menos cuatro sexenios, estimado en 3.9 % del PIB. Además, la deuda neta del gobierno se prevé como la más elevada desde 2006, incluso por encima de los niveles observados en la crisis pandémica. Este escenario presupone una tensión creciente sobre las finanzas públicas.
El gasto estatal, aunque necesario para mantener servicios sociales e infraestructura, requerirá mayores recursos —preferiblemente vía impuestos o emisión de deuda— lo cual puede elevar la carga fiscal sobre los ciudadanos o presionar la inflación interna. Para los hogares mexicanos, este desequilibrio implica riesgos palpables: tasas de interés al alza, menor margen de maniobra del Banco de México, recortes posibles en programas sociales, y recortes en inversión productiva. En suma, el ajuste presupuestal recaerá parcialmente sobre la economía real.
Desde la óptica macroeconómica, el reporte del Fiscal Monitor del FMI subraya que muchas naciones arrastran rigideces tras la pandemia, obligando a priorizar un gasto público inteligente y estratégico. En México, la urgencia es redirigir la inversión hacia sectores con retorno social y productivo, y contener gastos sin comprometer calidad de vida.
Este diagnóstico abre un debate crítico: ¿hasta qué punto puede sostenerse una expansión del gasto sin poner en riesgo estabilidad financiera? México entra en una fase en la que las decisiones del gobierno deberán equilibrar solidaridad social con responsabilidad fiscal, mientras los ciudadanos observan el impacto directo en su bolsillo.
