El gobierno de Brasil, anfitrión de la próxima cumbre COP30, ha presentado un ambicioso informe promovido por 35 ministros de finanzas que propone alcanzar la cifra de US$ 1.3 billones anuales para financiar la transición climática.
El documento de 111 páginas sugiere adaptar calificaciones crediticias, tasas de seguros y criterios de préstamos de bancos de desarrollo para incorporar el riesgo climático en la macroeconomía.
No obstante, el plan presenta matices relevantes: aunque se aspiraba originalmente a una meta de US$ 250 mil millones de financiamiento concesional anual para 2035, ese objetivo fue eliminado de la versión final del informe.
Además, a pesar de la magnitud del planteamiento, aún no está formalmente integrado en la agenda de la COP30, lo cual reduce su efecto vinculante.
Desde una mirada crítica, el esfuerzo representa un avance en la convergencia entre finanzas públicas, privadas y políticas climáticas. Sin embargo, la clave estará en la capacidad real de movilizar esos recursos, en especial en un contexto global donde muchos países enfrentan presiones fiscales y altas tasas de endeudamiento. La incertidumbre sobre mecanismos operativos, plazos y responsabilidades plantea dudas sobre si esta cifra multimillonaria podrá traducirse en acciones concretas y medibles.
Finalmente, el informe revela una tensión persistente entre la urgencia de inversión climática —“cada año de demora incrementa tanto la inversión necesaria como los riesgos” según se afirma— y la realidad práctica de los sistemas financieros internacionales.
