Coyuntura económica y algo más

El Estado de bienestar es caro… y el Estado incompetente es carísimo.

Macraf

Para nadie es un secreto que, en lo personal, no apoyo ni estoy de acuerdo con la 4T. He señalado sus errores —que son muchos—, pero también he reconocido sus aciertos, aunque encontrarlos resulte cada vez más parecido a buscar una aguja en un pajar… sin aguja. Sin embargo, más allá de simpatías, partidos o filias políticas, siempre he intentado llevar el análisis al terreno de la vida diaria de usted, mi querido lector. La intención es que juntos entendamos qué quieren hacer quienes gobiernan, qué imaginan allá dentro de sus mentes y, sobre todo, quién terminará pagando las consecuencias de sus ocurrencias.

El problema es que, en realidad, nadie parece saber con precisión qué es la 4T, qué quiere transformar o hacia dónde pretende llevar al país. Probablemente ni siquiera lo sabía el propio tabasqueño que la inventó. Por un lado, levantan sobre pedestales a regímenes tan absurdos, autoritarios y económicamente destruidos como el cubano o el venezolano; por el otro, bajan la cabeza ante Estados Unidos cuando la presión comercial, migratoria o de seguridad comienza a subir. Presumen soberanía desde el micrófono, pero administran subordinación cuando llega la factura.

La contradicción también aparece cuando hablan de bienestar. El hoy morador de Palenque pasó años defendiendo gobiernos que destruyeron sus economías y condenaron a millones de personas a la precariedad, pero, al mismo tiempo, prometía que el sistema de salud mexicano sería mejor que el de Dinamarca. El resultado fue mucho menos escandinavo de lo anunciado y bastante más cercano al abandono: desabasto, deterioro institucional, fragmentación y millones de personas buscando atención donde todavía pueden encontrarla.

Ante semejante colección de contradicciones, la única explicación medianamente lógica que encuentro es que tal vez —y solo tal vez— la intención original haya sido conducir a México hacia algo parecido a lo que técnicamente se conoce como socialdemocracia: una economía de mercado acompañada por un Estado social fuerte, capaz de redistribuir, garantizar derechos y reducir desigualdades.

No sería una idea necesariamente absurda. La socialdemocracia ha funcionado durante décadas en distintos países europeos y, frente al desgaste del capitalismo tradicional y al fracaso evidente de los experimentos populistas, podría parecer una alternativa digna de análisis. El problema es que el engendro de transformación construido por la T de cuarta se encuentra a kilómetros de ese modelo.

Porque repartir dinero no convierte a un gobierno en socialdemócrata; debilitar instituciones no construye un Estado social; destruir servicios públicos no genera bienestar; y convertir la necesidad de las personas en una herramienta electoral no es redistribución: es clientelismo.

Entonces, ¿podría México transitar hacia una socialdemocracia seria? ¿Existen las condiciones económicas, fiscales, productivas e institucionales para hacerlo? ¿O terminaríamos utilizando una etiqueta europea para disfrazar el mismo populismo dadivoso, improductivo y políticamente rentable que ya padecemos?

Veamos.

La socialdemocracia moderna no quiere destruir el mercado. No busca cancelar empresas, desaparecer la propiedad privada ni sustituir toda actividad económica por decisiones del gobierno. Propone algo más pragmático: una economía de mercado acompañada por un Estado social fuerte que garantice servicios públicos universales, protección frente a riesgos y reglas que reduzcan la desigualdad.

En pocas palabras, busca un capitalismo con cinturón de seguridad. El mercado produce, compite e innova; el Estado corrige fallas, amortigua golpes y construye condiciones para que el punto de partida de una persona no condene por completo su punto de llegada.

Eso, en teoría, suena sensato. Y en algunos países ha funcionado porque descansó sobre un pacto social muy concreto: impuestos altos, sí, pero servicios públicos de calidad; Estado grande, sí, pero competente; sindicatos fuertes, sí, pero responsables; empresas privadas, sí, pero dentro de un entorno de competencia real y reglas claras.

No es magia nórdica. Es productividad, formalidad, confianza institucional y una ciudadanía dispuesta a pagar impuestos porque recibe algo útil a cambio.

El problema es que la socialdemocracia no es barata. No existe una socialdemocracia de buenos deseos, discursos emotivos y abrazos presidenciales. Se financia con una recaudación amplia, una administración fiscal eficiente, baja evasión, menor informalidad y, sobre todo, ciudadanía fiscal.

Si un país quiere salud pública funcional, educación de calidad, pensiones sostenibles, sistemas de cuidados, seguro de desempleo y movilidad social, necesita dinero. Pero también necesita gastarlo bien. Si cobra mucho y entrega poco, se rompe el pacto. Si promete mucho y recauda poco, se endeuda. Si reparte sin construir capacidades, simplemente administra la pobreza.

Y aquí es donde México entra como caso incómodo. México habla mucho de justicia social, pero recauda relativamente poco, tiene una informalidad enorme, ofrece servicios públicos desiguales y cuenta con un Estado que con frecuencia promete mucho más de lo que puede cumplir.

Por eso la discusión real no debería ser únicamente si queremos o no una socialdemocracia, sino si tenemos las condiciones mínimas para sostener un Estado social serio sin quebrar al país o sin convertirlo en una gigantesca maquinaria clientelar.

Y aquí entra la 4T con su gran truco narrativo: “primero los pobres” como eslogan que justifica todo, incluso lo injustificable. Porque el régimen vendió una idea peligrosísima como si fuera ciencia económica: que redistribuir mediante transferencias es condición necesaria y suficiente para que las personas prosperen.

No lo es.

Puede aliviar necesidades en el corto plazo, sí. Puede permitir que una familia compre alimentos, pague transporte o cubra una urgencia. Negar eso sería absurdo. Pero si esas transferencias no se acompañan de salud que funcione, educación útil, seguridad, empleo formal, inversión, infraestructura y productividad, el resultado no es prosperidad: es dependencia.

Ese es el punto que la 4T nunca quiere discutir: la diferencia entre derechos y favores.

Una socialdemocracia seria construye derechos universales mediante reglas claras, evaluación y sostenibilidad fiscal. La 4T construyó una maquinaria de transferencias en la que el apoyo se convierte en política y la política se sostiene con el apoyo.

Eso, aunque lo disfracen de humanismo mexicano, se parece mucho más al clientelismo. No saca a las personas de su condición; las mantiene atadas a ella. No construye una escalera para que suban; les entrega un pequeño banco para que alcancen a respirar y, después, les recuerda quién se los dio.

Aquí aparece una distinción fundamental: redistribución y predistribución.

Redistribuir significa cobrar impuestos y transferir recursos después de que la economía generó los ingresos. Predistribuir significa construir desde antes las capacidades para que el mercado genere menos desigualdad desde su origen.

¿Cómo se logra? Con educación de calidad, salud funcional, capacitación, competencia económica, formalidad, infraestructura útil, acceso al crédito, seguridad y reglas claras.

Si un país únicamente redistribuye, pero no mejora las capacidades productivas de su población, termina repartiendo recursos sobre una base económica cada vez más débil. Eso no es bienestar sostenible; es paracetamol fiscal.

Y si alguien duda de lo que hizo la 4T, basta con mirar su saldo: transferencias crecientes, sí, pero al mismo tiempo un sistema de salud pulverizado, educación convertida en terreno ideológico, inversión pública orientada muchas veces al aplauso y no a la productividad, y un ambiente institucional en el que la certeza jurídica se volvió negociable.

Es decir, repartieron dinero, pero erosionaron capacidades. Y eso, desde cualquier perspectiva seria de desarrollo económico, es exactamente lo contrario de lo que debería hacerse.

Por eso hablar de socialdemocracia en México exige honestidad. No se pueden querer derechos europeos con un Estado mexicano debilitado. No se puede aspirar al bienestar universal mientras se destruyen contrapesos, se dificulta la formalidad, se tolera una informalidad gigantesca y se trata al sector privado como sospechoso permanente.

Tampoco se puede hablar de justicia social mientras se castiga la inversión productiva con incertidumbre y se premia la lealtad política con presupuesto.

La socialdemocracia requiere empresas fuertes, productivas y competitivas. Sin empresas no hay empleo; sin empleo no hay ingresos; sin ingresos no hay impuestos; y sin impuestos no hay Estado social que pueda sostenerse.

Una socialdemocracia madura no trata a la empresa como enemiga. La regula, le exige, le cobra impuestos y evita abusos, pero comprende que necesita inversión privada, innovación, productividad y generación de valor.

La T de cuarta, en cambio, suele querer empresarios obedientes, inversionistas silenciosos y capitales dispuestos a soportar la incertidumbre sin hacer preguntas. Quiere recaudación, pero desprecia a quien produce. Quiere empleo, pero genera desconfianza. Quiere crecimiento, pero debilita las instituciones que lo hacen posible.

¿Está agotada la socialdemocracia? Depende de cuál estemos hablando.

En Europa enfrenta retos reales: envejecimiento poblacional, costos crecientes de salud y pensiones, migración, presión sobre las finanzas públicas y tensiones políticas por cargas fiscales elevadas. Pero eso no invalida por completo el modelo; lo obliga a actualizarse.

La pregunta mundial no es únicamente si el Estado social murió, sino cómo puede rediseñarse para enfrentar la automatización, la inteligencia artificial, el encarecimiento de la vivienda, la transición energética, los nuevos empleos y el envejecimiento.

¿Y México?

México ni siquiera ha construido el Estado básico para sostenerlo. El país quiere derechos amplios con recaudación limitada, informalidad masiva y servicios que no cumplen. Y sin confianza institucional no existe pacto fiscal que aguante.

Se pueden elevar los impuestos, sí, pero si las personas observan corrupción, opacidad, obras caprichosas, despilfarro y malos resultados, no pagan con gusto: pagan con resentimiento. Y el resentimiento no financia desarrollo; financia polarización.

¿Es viable, entonces, un giro hacia una socialdemocracia seria? Sí, pero con condiciones duras que la 4T no quiso —ni quiere— asumir: elevar productividad, reducir informalidad, mejorar la calidad del gasto, profesionalizar al Estado, fortalecer el Estado de derecho y reconstruir servicios públicos que realmente funcionen.

También sería necesaria una reforma fiscal seria, no una simple persecución contra quienes ya pagan. Habría que ampliar la base tributaria, simplificar la formalidad, combatir la evasión, eliminar privilegios y explicar con claridad qué servicios recibirá la sociedad a cambio.

Se necesitaría invertir en primera infancia, educación, salud, capacitación, cuidados y protección frente al desempleo. No como dádivas, sino como infraestructura social y productiva.

Eso implica pensar menos en el aplauso inmediato y más en un pacto de largo plazo: derechos con financiamiento, protección con disciplina, solidaridad con productividad y bienestar con crecimiento.

Porque ahí está la última verdad incómoda: no hay bienestar sostenible sin productividad. No hay Estado social serio sin recaudación suficiente. Y no hay recaudación estable sin confianza en las instituciones.

Si México quiere discutir modelos alternativos, primero tiene que dejar de tratarlos como consignas y empezar a analizarlos como economía real: quién produce, quién invierte, quién paga, quién recibe y bajo qué reglas.

La socialdemocracia podría ser una alternativa digna de estudio, pero no con este Estado, no con esta informalidad, no con estos servicios públicos y mucho menos con una transformación que confunde justicia social con dependencia electoral.

Antes de parecernos a Dinamarca, tendríamos que dejar de comportarnos como una mala caricatura del populismo latinoamericano.

Así, así los tiempos estelares del segundo piso, de la transformación de cuarta.

✒️ El apunte incómodo

Al final, la pregunta dejó de ser por qué la corcholata mayor no quería asistir a la inauguración del Mundial y se convirtió en otra mucho más interesante: ¿por qué no fue?

La presidenta tenía frente a sí una oportunidad política extraordinaria. México inauguraba el evento deportivo más visto del planeta, los ojos del mundo estaban puestos sobre el país y ella podía presentarse como la mandataria respaldada, querida y ovacionada que todos los días describen sus voceros.

Pero decidió no asistir al estadio. Tampoco bajó al Fan Fest del Zócalo. En cambio, terminó apareciendo en un festejo improvisado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en un escenario mucho más reducido, controlable y políticamente cómodo.

La explicación fue que prefería convivir con el pueblo. Qué gesto tan conmovedor. Solo que el pueblo también estaba en el estadio, en el Zócalo y en las calles. La diferencia es que ahí no era tan sencillo seleccionar el escenario, controlar el acceso, ordenar la imagen ni reducir la posibilidad de que la supuesta fiesta popular terminara convertida en una rechifla internacional.

Porque esa es la parte que incomoda: quizá no fue austeridad, cercanía ni sensibilidad social. Quizá fue miedo. Miedo a bajar del templete, encontrarse con ciudadanos sin filtro y descubrir que el respaldo popular repetido en conferencias, encuestas telefónicas y discursos oficiales no necesariamente resiste el contacto directo con una multitud.

La moradora de palacio prefirió un festejo manejable antes que exponerse a un estadio impredecible o a un Zócalo donde el descontento podía manifestarse sin pedir permiso. Y, sin proponérselo, terminó exhibiendo la verdadera fragilidad de su supuestamente enorme apoyo popular.

Desde Palacio cualquiera gobierna entre aplausos. El problema comienza cuando hay que salir a comprobar si existen.