Hace tres años, 100 expertos de 75 nacionalidades redactaron una iniciativa para abolir mundialmente la gestación subrogada. La iniciativa ha ido cobrando fuerza en las conferencias posteriores de Roma en 2024 y este año 2026 en México.
La intención detrás de esta declaración es denunciar que la práctica de la gestación subrogada, en cualquiera de sus tipos e intenciones, viola la dignidad ontológica de las mujeres y embriones humanos en concreto y de terceros involucrados en general, además de que coloca la vida humana naciente bajo el amparo de las leyes mercantiles reduciéndolo a un objeto de comercio, intercambio y hasta acuerdo social.
Con ello se solicita un esfuerzo internacional por prohibir esta práctica en cualquiera de sus modalidades así como sancionar jurídicamente a quienes la soliciten o participen de la misma.
Esta práctica cada vez resulta más frecuente como una opción a problemas de infertilidad y puede ser clasificada tanto en su intención comercial (pagar a una mujer para que tenga al hijo de una pareja o de una sola persona ) o altruista (generalmente alguien de la familia que presta su útero para gestar al bebé de otro miembro de la familia que presenta dificultades para gestar o bien algún impedimento para concebir; como por ejemplo, abuelas con hijas o entre hermanas)
Más allá del deseo de tener un hijo a toda costa, la práctica se ha desvirtuado además en el hecho de que, para muchas mujeres con dificultades económicas, se ha convertido en un medio de supervivencia, mismo que es aprovechado por personas o por empresas dedicadas a la industria de la reproducción humana para reclutar mujeres en estado de necesidad.
Otro aspecto que merece la pena rescatar de la iniciativa tiene que ver con advertir que, en los casos que se dan, incluso bajo el amparo de las legislaciones vigentes, la realización de un contrato está de por medio, con lo cual el objeto de transacción es una vida humana naciente. Esto es cuestionable y éticamente reprobable por el valor intrínseco de la dignidad humana de toda persona pero, además, porque ponerle un precio a algo que, de suyo, no lo tiene ni debería tenerlo, es reducirlo a algo meramente cuantificable y medible y la persona humana no es únicamente su dimensión biológica ni física, por ende, no es algo tasable ni comercializable.
Por otra parte, merece la pena considerar que esta práctica conlleva varios riesgos que merecen ser ponderados:
Para la mujer gestante, el riesgo de presentar algún problema de salud o complicación durante el embarazo, el riesgo de que se le deje desprotegida si se presentan malformaciones en el feto o si existen condiciones que pongan en riesgo el nacimiento del bebé y su salud, que no se le cubran sus gastos hospitalarios, que no se le liquide el total o que se incumpla el contrato de entrega del bebé, etc.
Para el bebé, que se decida terminar el embarazo por factores no previstos, que se le rechace al momento de nacer y tenga que quedar bajo la tutela del estado, que el vínculo materno-fetal no se permita ni desarrolle, etc.
Para los involucrados en el proceso (la pareja que paga, las clínicas que realizan los contratos, los terceros familiares de ambos, así como la pareja de la mujer que gesta un bebé que no es suyo, etc) existe el riesgo de que estallen conflictos internacionales y no puedan viajar a recoger al bebé al término del embarazo por cierre de fronteras (como sucedió en Ucrania en 2022) o bien que la mujer gestante incumpla las condiciones del contrato y se niegue a entregar al bebé.
Bajo la lupa de estos riesgos, la práctica de la gestación subrogada no puede sostenerse éticamente. La intención de la Declaración de Casablanca es prohibirla, sin embargo, considero que esta solución es parcial ya que se darán situaciones en donde la misma pueda seguirse practicando en la clandestinidad. Considero, por tanto, que debe acompañarse de una educación completa, veraz e integral tanto en los aspectos humanos y éticos de la reproducción humana como en las bases antropológicas de la persona humana y su dignidad ontológica pues, hasta que no se reconozca que la vida humana no puede ser un bien a disposición no cesarán los intentos de proponerla como un deseo, como un capricho, como algo sobre lo cual se puede disponer o decidir una acción u otra.
Más que sancionar y tener un carácter punitivo, se debe incorporar a la declaración, acciones educativas que promuevan opciones para reducir la pobreza de las mujeres que se someten a ella por insuficiencia de recursos o escasez de empleos, que reflexionen sobre el estatuto humano y jurídico del embrión humano y que reconozcan que el respeto por toda vida es la base de una convivencia armónica no sólo entre personas sino entre países.
