La Cámara de Diputados discutirá el próximo martes 22 de septiembre la reforma constitucional en materia de nacionalidad única, una propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca modificar las reglas para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho Cué, confirmó que el dictamen será llevado al Pleno y llamó a las distintas fuerzas políticas a mantener un debate basado en argumentos y respeto a las posiciones diferentes. La discusión llega después de que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el proyecto el 8 de septiembre.
La iniciativa plantea reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quienes ocupen la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales cuenten únicamente con nacionalidad mexicana. El texto contempla que, si una persona tiene otra nacionalidad, deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata.
La propuesta también establece restricciones durante el ejercicio del cargo. Quienes ocupen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no podrían adquirir otra nacionalidad, utilizar documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado.
Qué cambia con la propuesta
El dictamen aprobado en comisiones no se limita a establecer un requisito para registrarse como candidato. También busca que la condición de nacionalidad única permanezca durante todo el ejercicio del cargo, por lo que la reforma tendría efectos tanto en el acceso a los poderes ejecutivos como en su desempeño.
La comisión argumentó que la medida busca establecer una regla específica para quienes ejerzan las principales responsabilidades ejecutivas. El planteamiento se concentra en la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno.
Otro punto relevante está en su aplicación temporal. El dictamen establece que la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y sería aplicable a partir del proceso electoral de 2028. Por ello, la modificación no afectaría a quienes actualmente ocupan esos cargos.
La iniciativa fue presentada por Sheinbaum el 31 de agosto y enviada al Congreso como una reforma constitucional. Para modificar la Constitución, el proyecto requiere primero la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes en la Cámara de Diputados y posteriormente continuar con el procedimiento previsto para las reformas constitucionales.
Una discusión con posiciones encontradas
La aprobación en comisión ocurrió con 26 votos a favor y cinco en contra. Morena, PVEM y PT respaldaron el dictamen, mientras que PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. El PAN se retiró previamente de la sesión en protesta por el procedimiento de discusión.
El presidente de la Mesa Directiva reconoció que existen posiciones distintas entre los grupos parlamentarios y anticipó una discusión intensa en el Pleno. Su llamado a debatir con argumentos refleja que el proyecto llegará a la sesión con desacuerdos ya expresados desde la etapa de comisiones.
El debate se concentrará en el alcance de la nacionalidad como requisito para ejercer los poderes ejecutivos. Mientras el dictamen plantea una condición constitucional específica para esos cargos, la discusión parlamentaria deberá determinar si la propuesta obtiene la mayoría calificada necesaria para avanzar.
La Cámara de Diputados sesionará el martes 22 y miércoles 23 de septiembre. La primera fecha será el punto central para conocer las posiciones de las bancadas y el resultado de la votación. Si el proyecto obtiene la aprobación requerida, continuará con el procedimiento constitucional correspondiente antes de convertirse en una norma vigente.
Así, la reforma llegará al Pleno no como una disposición ya aprobada, sino como una propuesta presidencial que superó la primera etapa legislativa y ahora enfrenta el debate de los 500 diputados. El resultado definirá si la nacionalidad única para quienes encabecen los poderes ejecutivos puede avanzar hacia la siguiente fase de reforma constitucional.
