La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó que 53 servidores públicos han sido vinculados a proceso penal por posibles delitos relacionados con corrupción durante los dos primeros años de la administración de Claudia Sheinbaum. El dato forma parte de un balance presentado este martes por Raquel Buenrostro, que también registra 4 mil 193 sanciones administrativas y 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Las 517 denuncias presentadas ante la FGR involucran a mil 52 servidores públicos y 82 personas físicas o morales, por posibles delitos como enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
Pero el número de funcionarios vinculados a proceso no equivale a condenas. La vinculación significa que un juez encontró elementos suficientes para que una persona enfrente un proceso penal, mientras que la responsabilidad definitiva deberá determinarse en las siguientes etapas judiciales.
El dato tampoco permite medir cuánto dinero se ha recuperado o cuántos casos de corrupción han quedado resueltos. Para eso es necesario observar qué ocurre con los expedientes que todavía siguen abiertos y con las resoluciones que emitan las autoridades competentes.
Una vía penal frente a miles de sanciones administrativas
El balance presentado por Buenrostro muestra que la mayor parte de las acciones reportadas corresponde a procedimientos administrativos. En los dos primeros años fueron sancionados 4 mil 193 servidores públicos: 3 mil 528 por faltas no graves y 665 por faltas graves.
Las irregularidades abarcan conductas distintas. La Secretaría señaló casos de pagos indebidos, pagos por bienes o servicios que no fueron entregados, compras injustificadas, falsificación de documentos, sustracción de información bajo resguardo y actos de hostigamiento o acoso sexual.
Cuando las faltas son consideradas graves, el procedimiento puede llegar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En este periodo fueron enviados mil 737 expedientes a esa instancia. De ellos, 87 ya fueron notificados como sancionados, mientras que mil 650 continúan en proceso.
La diferencia entre ambas cifras muestra que una parte importante del balance todavía está en trámite. Lo mismo ocurre con las investigaciones penales: que una persona haya sido vinculada a proceso significa que el caso avanzó judicialmente, pero no que haya terminado.
El control también alcanzó a empresas y otros particulares que participan en contrataciones públicas. La Secretaría reportó 286 personas morales sancionadas por presentar documentación falsa, incumplir contratos, simular experiencia técnica u ocultar conflictos de interés.
El Gobierno apuesta también por prevenir
Junto con las sanciones, Buenrostro colocó la prevención como otro resultado de los primeros dos años. La Secretaría estimó que sus acciones permitieron proteger 83.8 mil millones de pesos mediante cambios en procesos de compras, seguimiento de contratos, sanciones y medidas de eficiencia administrativa.
De ese monto, 29 mil millones corresponden a mejoras en los procesos de compras; 42.2 mil millones, al seguimiento de contratos; 4.8 mil millones, a sanciones y recuperación de recursos, y 7.8 mil millones, a medidas de eficiencia organizacional.
Esta cifra requiere una lectura distinta a la de los recursos recuperados por una sanción. Los 83.8 mil millones son presentados por la dependencia como recursos protegidos mediante acciones preventivas y de control, por lo que no equivalen automáticamente a dinero recuperado después de un caso de corrupción.
La estructura del balance muestra tres momentos diferentes: detectar una irregularidad, llevarla a un procedimiento administrativo o penal y modificar los controles para evitar que vuelva a ocurrir. Los resultados de cada etapa no pueden sumarse como si representaran el mismo efecto.
Por ahora, el dato penal confirma que decenas de investigaciones ya cruzaron el umbral judicial, mientras miles de procedimientos administrativos siguen una ruta paralela. La siguiente medida de esos resultados será su desenlace: las sentencias en los casos penales, las resoluciones administrativas pendientes y la capacidad de los nuevos controles para impedir que las irregularidades vuelvan a producirse.
