La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que obliga a las plataformas digitales a impedir que niñas, niños y adolescentes accedan a contenidos que promuevan violencia, acoso, abuso sexual, autolesiones y otras conductas perjudiciales. El decreto concede a las empresas 30 días naturales desde su publicación oficial para establecer mecanismos de cumplimiento.
La disposición abarca publicaciones, imágenes y videos vinculados con discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito. El objetivo es que las plataformas no solo respondan a denuncias individuales, sino que desarrollen herramientas para identificar y retirar contenidos peligrosos y evitar que sean recomendados a cuentas de menores.
El decreto forma parte de una estrategia federal para responder a la circulación de contenido violento entre jóvenes. La Presidencia ha vinculado la iniciativa con episodios recientes de violencia escolar y con la necesidad de que las empresas tecnológicas asuman mayor responsabilidad en los entornos que administran.
Qué tendrán que hacer las plataformas
Las empresas deberán establecer mecanismos para detectar y retirar cuentas o publicaciones que promuevan violencia, clasificar contenidos según la edad de los usuarios y ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres y tutores. También se prevén opciones de privacidad reforzadas y canales para reportar material que pueda poner en riesgo a menores.
La disposición alcanza a servicios digitales que permiten la interacción, comunicación, creación, difusión o intercambio de contenidos. Por ello, su alcance no se limita a una sola red social: incluye plataformas donde las personas publican materiales y servicios que recomiendan contenido. El reto será convertir las obligaciones generales en procesos consistentes para identificar los casos comprendidos y actuar con rapidez.
La protección deberá incorporarse desde el diseño de las plataformas, mediante ajustes en la moderación, los sistemas de recomendación y las herramientas de seguridad para menores.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo coordinará mesas de trabajo con dependencias federales y especialistas para analizar si se requieren disposiciones adicionales o una iniciativa legislativa. El Gobierno también ha planteado acciones preventivas, entre ellas reforzar el programa “ABC de las emociones” y promover el acompañamiento familiar y el uso consciente de las redes.
Cumplimiento, sanciones y libertad de expresión
Uno de los puntos pendientes es la supervisión. El decreto no establece sanciones específicas inmediatas para las empresas que incumplan. Según la información difundida por el Gobierno y medios de comunicación, si las plataformas no atienden las obligaciones, la administración podría impulsar cambios legales para establecer consecuencias. Por ahora, la norma se concentra en imponer deberes de prevención y retiro de contenidos.
La aplicación también plantea preguntas sobre los límites de la moderación. Las plataformas tendrán que distinguir entre publicaciones que promueven violencia y materiales periodísticos, educativos o de prevención que documentan esos temas. Definiciones imprecisas podrían derivar en retiros excesivos, mientras que criterios demasiado laxos dejarían expuestos a los menores. La transparencia de las reglas y la posibilidad de reclamar decisiones serán relevantes para evitar errores.
Otro desafío será verificar la edad de los usuarios sin recopilar más datos personales de los necesarios. Las medidas de protección deben considerar la privacidad y evitar que la comprobación de edad genere nuevos riesgos. El decreto establece la obligación general de proteger a menores, pero la forma concreta en que cada plataforma cumplirá deberá observarse durante su implementación.
El plazo de 30 días comenzará a contarse a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación. Después habrá que conocer las herramientas adoptadas y qué autoridad dará seguimiento. La firma representa una nueva exigencia para las plataformas, pero su efecto dependerá de que las obligaciones se traduzcan en medidas verificables sin convertirse en una restricción indiscriminada de contenidos.
