Las movilizaciones de transportistas continuaron este martes en distintas carreteras del país, después del paro nacional del lunes 26 de octubre, convocado para exigir mayor seguridad, revisar las condiciones fiscales del sector y atender el deterioro de la infraestructura vial. El Gobierno federal abrió mesas de diálogo con representantes de algunas organizaciones, pero las inconformidades persisten y no todas las agrupaciones participaron en el primer encuentro.
Las protestas incluyeron plantones, caravanas y bloqueos parciales o totales en diversas entidades. Entre los puntos afectados estuvieron accesos a la Ciudad de México y carreteras de Veracruz, Sinaloa, Estado de México y Quintana Roo. Las movilizaciones ocasionaron complicaciones para automovilistas, pasajeros y empresas que dependen del transporte terrestre de mercancías.
Las demandas combinan seguridad, impuestos e infraestructura
Uno de los principales reclamos es la inseguridad en las carreteras. Los transportistas denuncian robos, asaltos y hechos violentos contra operadores y unidades de carga, con pérdidas económicas y riesgos para quienes trabajan en el autotransporte. También piden mejorar la vigilancia, atender presuntos abusos relacionados con grúas y corralones y fortalecer el mantenimiento de la red carretera.
Las organizaciones cuestionan además un cambio fiscal relacionado con el estímulo que permite deducir el pago de peajes. La modificación plantea reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite máximo de ingresos anuales para acceder a ese beneficio. El ajuste ha generado preocupación entre empresas que consideran que podría afectar sus costos de operación.
El reclamo fiscal se suma a los gastos por combustible, mantenimiento, seguros, salarios y operación de las unidades. Para los transportistas, estos costos influyen en la rentabilidad de los viajes y en la capacidad de mantener sus servicios. La revisión del estímulo deberá aclarar qué empresas resultarían afectadas y cuáles serían las implicaciones concretas del cambio.
Las movilizaciones también tuvieron consecuencias viales. En el Estado de México, las protestas alcanzaron corredores como Paseo Tollocan y las autopistas México-Toluca, México-Querétaro y México-Pachuca. En Quintana Roo, el bloqueo de la carretera federal 307, entre Playa del Carmen y Cancún, generó filas de vehículos y dificultades para llegar al aeropuerto.
Las afectaciones muestran que el conflicto trasciende la relación entre autoridades y transportistas. El autotransporte de carga participa en el abastecimiento de comercios, industrias y centros de distribución, por lo que las restricciones prolongadas pueden retrasar entregas y alterar operaciones económicas. La duración y extensión de los cierres determinan el alcance de esos efectos.
Gobernación busca acuerdos, pero persisten diferencias
La Secretaría de Gobernación informó sobre reuniones con representantes de organizaciones vinculadas a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin). Tras el encuentro, se acordó instalar mesas de trabajo para revisar asuntos fiscales, de seguridad e infraestructura. La primera reunión con autoridades hacendarias fue programada para este martes a las 13:00 horas.
Entre los temas por revisar está el impacto de modificar el límite de ingresos para acceder al estímulo fiscal por pago de peajes. También se planteó reforzar la vigilancia carretera y discutir los costos de los viajes, el mantenimiento de las vías y el exceso de peso de algunos vehículos de carga.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) no participó en el encuentro inicial. Su ausencia evidencia que el diálogo todavía enfrenta diferencias sobre la representación del sector y la forma de atender las demandas. Gobernación señaló que mantiene abiertos los canales de comunicación para buscar acuerdos.
La apertura de mesas constituye un primer paso, pero no equivale a una solución definitiva. Para evaluar sus resultados será necesario conocer los compromisos asumidos, los plazos, las dependencias responsables y los mecanismos para comprobar avances. También será relevante determinar si las organizaciones que continúan inconformes se incorporan a las conversaciones.
El reto para el Gobierno será convertir las reuniones en medidas verificables, mientras los transportistas mantienen sus exigencias de seguridad y mejores condiciones de operación. La evolución de las protestas dependerá, de que las negociaciones incluyan a las agrupaciones inconformes.
