La protección de menores en internet se ha convertido en una prioridad regulatoria en México, donde las autoridades buscan que las plataformas digitales refuercen sus medidas de seguridad frente a contenidos que puedan poner en riesgo a niñas, niños y adolescentes. El 14 de octubre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que establece nuevas obligaciones para estos servicios, con medidas relacionadas con la privacidad, la supervisión parental y la atención de denuncias.
La disposición se dirige a las personas menores de 18 años y abarca servicios digitales que permiten la interacción, comunicación y difusión de contenidos entre usuarios. Por ello, su alcance no se limita a las redes sociales: también contempla otras plataformas en las que las personas pueden compartir publicaciones, imágenes, videos o mensajes.
Entre las medidas previstas se encuentran reforzar la privacidad desde la creación de las cuentas, incorporar herramientas de supervisión para madres, padres y tutores y facilitar la denuncia de contenidos o usuarios que representen un riesgo. Las plataformas también deberán identificar y retirar contenido relacionado con violencia, abuso y explotación sexual, ciberacoso, autolesiones y otras conductas perjudiciales para la población menor de edad.
El decreto establece un plazo de 30 días naturales para que las empresas adapten sus sistemas y documenten las acciones adoptadas. La Agencia de Transformación Digital tendrá a su cargo el seguimiento de las medidas. Al momento del anuncio, el instrumento no contemplaba un régimen específico de sanciones, aunque el Gobierno señaló que podría impulsar una ley con penalizaciones si las compañías incumplen sus obligaciones.
Uno de los principales desafíos será comprobar la edad de quienes utilizan estos servicios. Las plataformas necesitan mecanismos para identificar cuándo una cuenta pertenece a una persona menor de edad y aplicar las medidas de protección correspondientes. Sin embargo, los métodos de verificación pueden implicar la recopilación de información personal, lo que plantea preguntas sobre qué datos se solicitan, cuánto tiempo se conservan y quién tiene acceso a ellos.
La protección de menores en internet debe considerar, por tanto, dos objetivos que necesitan avanzar de manera conjunta: reducir la exposición a riesgos digitales y proteger la privacidad de los usuarios. Solicitar documentos de identidad, datos biométricos u otra información sensible puede generar riesgos adicionales si los sistemas no cuentan con medidas de seguridad adecuadas. Por eso, los mecanismos de verificación deben ser proporcionales a su finalidad y evitar la recopilación innecesaria de datos.
Otro reto consiste en determinar cómo se identificará el contenido perjudicial. Las plataformas utilizan sistemas automatizados y procesos de revisión para detectar publicaciones, pero el contexto puede ser importante para distinguir entre una amenaza, una denuncia, una noticia o un contenido educativo. Si los criterios de moderación no son claros, existe el riesgo de retirar publicaciones que no representan una amenaza o de dejar disponibles materiales que sí requieren atención.
Las herramientas de supervisión parental también tienen un papel relevante. Pueden ayudar a las familias a conocer ciertos riesgos, administrar configuraciones de privacidad y acompañar el uso de los servicios digitales. No obstante, su eficacia depende de que sean fáciles de utilizar y compatibles con la edad y las necesidades de cada menor. La protección no puede depender exclusivamente de madres, padres o tutores; las empresas deben cumplir sus responsabilidades y las autoridades necesitan mecanismos de vigilancia.
Además, la seguridad digital requiere educación. Reconocer intentos de engaño, evitar compartir información personal con desconocidos, identificar situaciones de acoso y saber cómo denunciar una publicación son habilidades que pueden reducir riesgos. Las escuelas y las familias pueden contribuir a desarrollar estos hábitos sin recurrir únicamente a prohibiciones o restricciones generales.
La aplicación del decreto permitirá observar cómo responden las plataformas a las nuevas obligaciones y qué mecanismos utilizan para demostrar su cumplimiento. También será importante evaluar si los canales de denuncia funcionan, si los contenidos de riesgo se atienden oportunamente y si las medidas de seguridad respetan los derechos de los usuarios.
La protección de menores en internet no depende de una sola herramienta ni de una regulación aislada. Requiere coordinación entre autoridades, empresas, familias y centros educativos. El desafío para México será conseguir que las plataformas ofrezcan entornos más seguros sin convertir la protección en una justificación para recopilar datos personales de manera excesiva o limitar injustificadamente el acceso a la información.
