La inseguridad en las carreteras del Estado de México volvió al centro de las exigencias del autotransporte este jueves 29 de octubre, cuando la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), HAMOTAC, INDECO y FEMATRAC se reunieron con autoridades estatales y federales para exponer los problemas que afectan a empresas y operadores. Las organizaciones pidieron acciones inmediatas, compromisos puntuales, plazos definidos y mecanismos de seguimiento; por ahora, no se han hecho públicos acuerdos específicos derivados del encuentro.
Participaron representantes de las secretarías estatales de Gobierno, Movilidad y Seguridad, además de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Fiscalía y la Guardia Nacional. La presencia de dependencias con distintas responsabilidades refleja el alcance de las demandas: prevenir delitos, investigar los reportados y atender condiciones que inciden en el traslado de mercancías.
La reunión ocurrió después de las movilizaciones de transportistas del 26 de octubre y del acuerdo con la Secretaría de Gobernación para retirar los bloqueos e instalar mesas de trabajo. La negociación federal y el encuentro mexiquense son procesos relacionados, pero distintos: el primero abrió una ruta sobre demandas nacionales, mientras que la reunión estatal permitió exponer problemas ante autoridades con competencia en la entidad.
Los transportistas piden compromisos con fechas y responsables
En el mensaje difundido por CANACAR, las organizaciones insistieron en que la seguridad carretera y las condiciones para operar no pueden seguir esperando. Su exigencia de plazos y seguimiento busca que las reuniones no concluyan solo con una lista de demandas, sino con acciones cuyo avance pueda revisarse.
El sector denuncia robos de unidades y mercancías, extorsiones y agresiones contra operadores. Además del riesgo personal, estos delitos pueden provocar pérdidas materiales, retrasos en las entregas y cambios de ruta. Sin embargo, la información pública sobre la reunión del jueves no especifica cuántos incidentes se abordaron, qué corredores fueron priorizados ni qué compromisos aceptó cada dependencia.
La ubicación del Estado de México ayuda a explicar la relevancia del reclamo. La entidad conecta el Valle de México con centros industriales, plataformas logísticas y carreteras que enlazan con otras regiones. La inseguridad en esos trayectos no afecta solamente a las empresas: también puede alterar el traslado de mercancías y las cadenas de suministro.
Durante las movilizaciones de esta semana, distintas organizaciones plantearon una agenda más amplia que la seguridad, con asuntos de infraestructura carretera, costos vinculados con grúas y corralones, condiciones laborales y temas fiscales. La amplitud de las demandas hace necesario identificar qué instancia atenderá cada una y evitar que las responsabilidades se diluyan entre dependencias.
La prueba será convertir el diálogo en medidas verificables
La Guardia Nacional y la Fiscalía pueden intervenir en la prevención e investigación de delitos, mientras que las áreas de movilidad e infraestructura atienden asuntos relacionados con la circulación y las condiciones de las vías. La coordinación, sin embargo, solo podrá evaluarse a partir de acciones concretas, responsables identificados, plazos públicos y procedimientos para informar resultados.
También será importante conocer cómo podrán los operadores denunciar incidentes y qué seguimiento recibirán los reportes. La respuesta institucional no se mide únicamente por el número de reuniones, sino por la capacidad de atender los casos, investigar los delitos y comunicar avances sin comprometer las indagatorias.
Hasta ahora, CANACAR ha señalado que el sector mantiene disposición al diálogo, pero no ha detallado públicamente un calendario de cumplimiento para las medidas planteadas en la reunión mexiquense. El siguiente punto de referencia será la publicación de acuerdos y la confirmación de qué dependencias asumirán cada tarea.
Las mesas ofrecen un canal para negociar, pero no constituyen por sí mismas una solución a la inseguridad. Para los transportistas, la evaluación dependerá de que las autoridades conviertan los planteamientos en acciones medibles y expliquen sus avances. Sin fechas ni responsabilidades claras, será difícil determinar si el diálogo está modificando las condiciones que enfrentan quienes trasladan mercancías por las carreteras del Estado de México.
