(Audio por: Fátima Verónica Rodríguez Martínez)
Por Amanda Vega Hidalgo
El 14 de marzo de 2020, se declaró en España por segunda vez en su historia el estado de alarma con una gestión centralizada que duró hasta el mes de junio. A partir de entonces, cuando las comunidades autónomas volvieron a tener la potestad de gestionar sus propios territorios, comenzó la carrera para ver quién establecía la medida más original con el fin de “frenar los contagios” mientras se vivía el oasis del verano, época clave para la economía española.
Curiosamente (o no), todas las medidas iban dirigidas y apelaban a la responsabilidad del individuo y al sentido común: hay que mantener la distancia de seguridad (¿1,5 metros o eran 2 metros?), hay que llevar mascarilla mientras haces deporte al aire libre, no se puede fumar en las terrazas de los bares “cuando no se garantice la distancia mínima de seguridad”, de camino a las playas del norte del país hay que llevar mascarilla, pero, una vez que pones un dedo en la arena, te la puedes quitar. Sin embargo, en las playas del sur hay que llevar mascarilla siempre que te salgas de la parcela establecida (unas veces, por los ayuntamientos, otras, por la voluntad de los propios turistas) y, por supuesto, no se puede jugar a la pelota. Supongo que al lector le habrán quedado clarísimas cuáles eran las sencillas y lógicas normas que había que seguir dentro del territorio español durante los meses estivales.
Por supuesto, tratándose de un país como España que forma parte de la meca mundial del desarrollo económico y del “estado de bienestar” (la Unión Europea), se espera que haya unas mínimas garantías de seguridad en todos los aspectos posibles. Sobre todo, si se sigue la lógica del discurso de la responsabilidad y el sentido común que se viene dando desde las instituciones públicas. No obstante, parece que las compañías privadas de transporte erigieron su propia frontera con sus convenientes normativas y al subir a un autobús, tren o avión, ya no era necesario garantizar la distancia de seguridad pues se vendían billetes hasta llenar todas las plazas. Y en los centros comerciales y las grandes superficies ocurría algo similar puesto que allí las aglomeraciones tampoco parecían ser contagiosas. Eso sí, la mascarilla, siempre obligatoria y traída de casa.
Llegó la última quincena del mes de septiembre y el oasis desapareció. La “segunda ola” está aquí (si es que la primera alguna vez terminó) y los hospitales vuelven a estar a sobrecargados, el curso escolar ha comenzado sin ningún tipo de planificación seria que garantice una educación segura y de calidad, la oferta pública de empleo no ha aumentado todo lo necesario y las ayudas sociales no llegan. Sería inadmisible creer que desde los gobiernos central y locales esto se desconocía y la excusa de que “nos tomó a todos por sorpresa” ya no vale. Es aquí donde les surge la necesidad de buscar nuevos culpables que, en realidad, no son tan nuevos, puesto que, otra vez, le toca a la clase trabajadora. En octubre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, siendo esta la comunidad con mayor incidencia del virus en aquel momento, anuncia las nuevas medidas de restricción, afirmando que los mayores focos de contagio han pasado a ser las familias y las casas, no el transporte, el lugar de trabajo o los centros comerciales. Más concretamente, las familias de los barrios con menor ingreso medio por hogar y mayor número de población extranjera[1] a los que les toca estar confinados siempre y cuando no sea para ir a trabajar. Efectivamente, eran los barrios con el mayor índice de contagios, pero esto no responde a una aleatoria mayor irresponsabilidad por parte de sus habitantes sino a una realidad que se corresponde con la situación precaria en la que viven. Y eso no lo ha provocado el coronavirus.
Esto no es una crisis sanitaria, económica, política, o social. Es una crisis capitalista más.
[1] De acuerdo con los datos del Urban Audit (2017) y del Ayuntamiento de Madrid (2017).
