Rodrigo Saval Pasquel
El 30 de septiembre del 2021, el Presidente de la República envió una iniciativa de ley firmada directamente por él, que busca reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la exposición de motivos, el titular del Ejecutivo intenta justificar la modificación de distintos puntos de la Carta Magna con un testimonio rico en discurso, pero carente de lógica. Los fantasmas del neoliberalismo y los “contratos leoninos” se proyectan y se toman como punto de partida para legitimar la imposición de un monopolio estatal como el único camino hacía la ilusión de una soberanía energética.
La iniciativa toca varios temas preocupantes, pero en esta columna hablaré específicamente sobre lo concerniente a “la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución”. Es importante mencionar que lo anterior es un burdo intento de legalizar lo que ya se ha intentado implementar de manera ilegal durante la primera mitad del sexenio, generando incertidumbre a los mercados, aumentos en los recibos de luz y apagones a lo largo del territorio.
Desafortunadamente para las y los mexicanos, la nostalgia del PEMEX productivo y fuerte de los años 70s, se ha adueñado de la cabeza de quien en su juventud vivió en carne propia la abundancia que esta compañía estatal brindaba a entidades con altos niveles de pobreza. Cabe aclarar que en ese entonces no existían tantas alternativas energéticas como hoy en día.
Con la anterior Reforma Energética, la apertura del mercado de generación eléctrica dio paso a una enorme ola de inversión extranjera en infraestructura para la producción de energías renovables. A su vez, esta situación trajo la disminución de precios a los consumidores, una importante reducción en el uso de combustibles contaminantes, y la creación de un nuevo mercado con empleos y otros beneficios.
El futuro de las energías trajo consigo consecuencias negativas para PEMEX, ya que por lógica económica, los consumidores optaban por las energías “limpias” que con el tiempo demostraron ser sustancialmente más baratas que los combustibles fósiles, lo cual tenía contentas a sus carteras. No obstante, en 2018 lo visceral se impuso a lo cerebral, por lo que en un intento de revivir al muerto, se ordenó a la CFE comprar, producir y vender energía con el combustóleo producido por PEMEX que nadie quiere comprar, que no se puede convertir en gasolina, y que además resulta ser altamente contaminante.
Con esta propuesta, el Presidente no solamente afectaría aún más a los contribuyentes y a los consumidores con una importante alza en los precios, sino que también se presagia la fatídica creación de un mercado negro como consecuencia de un mecanismo de control de precios, un déficit en la oferta energética, y a nivel internacional, un lamentable y vergonzoso retroceso en la disminución de la huella de carbono.
En pleno siglo XXI, viviendo un contexto en el que la libertad, la globalización y los mercados han triunfado ante las ideologías centradas en el estatismo y el ultranacionalismo, por lo menos en la lógica, el capricho de perseguir un sueño de antaño se vuelve preocupante. Sin embargo, de toda crisis nace una oportunidad. En este contexto, me atrevo a decir que la pelota está en la cancha de las y los Legisladores, quienes tendrán la oportunidad de demostrar su valía como representantes del pueblo.
Para aprobar la Reforma Constitucional, el Presidente necesita dos terceras partes de la Cámara de Diputados a favor. Hoy cuenta con 277 votos a través de las bancadas de MORENA, PVEM y PT. En la oposición, el PAN cuenta con 114, el PRI 74, Movimiento Ciudadano 23, y el PRD 14. El Presidente necesita 57 votos. En estos días podremos medir la utilidad de nuestro voto, o si votamos por apagar la luz.
