Alejandro Javier Saldaña Brito
A inicios de este mes, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) anunció que el salario mínimo pasaría de 141.7 a 172.87 pesos diarios a partir de 2022, lo que representaría su mayor variación anual en 10 años: 22%. En el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte, el cambio fue de 213.39 a 260.34 pesos diarios. En cuanto a este tipo de medidas, vale la pena estudiar sus efectos netos sobre el bienestar de aquellos a quienes se busca proteger, los cuales podrían ser negativos, sobre todo, si tomamos en consideración la coyuntura actual, en la que la economía mexicana no se ha recuperado del todo de la crisis de 2020 y, además, enfrenta importantes presiones inflacionarias.
Me gustaría empezar recordando que, para que las remuneraciones puedan crecer de forma sostenida, es necesario que haya un incremento proporcional en la productividad de los trabajadores. De lo contrario, el aumento en el costo del factor trabajo ocasionará que las empresas usen menos mano de obra y traten de sustituirla con otros factores de la producción, como el capital, lo que ciertamente tiene un límite, dado que trabajo y capital son complementarios, es decir, que se necesita una cantidad mínima de cada uno para poder producir.
Una parte del incremento en los costos de producción ocasionado por el alza salarial puede ser en parte absorbido por las empresas, reduciendo sus utilidades; y, el resto, es trasladado al consumidor final, lo que genera inflación. Esto último, la inflación, termina por erosionar el poder adquisitivo de los hogares, efecto que es mucho más doloroso en la población de menores ingresos, pues les será más difícil tener acceso incluso a aquellos bienes de uso más elemental. Si el Gobierno, para compensar este nuevo incremento en precios al consumidor, se empecinara en seguir decretando aumentos en el salario mínimo, sin considerar factores como la productividad de la mano de obra, se corre el riesgo de caer una peligrosa espiral inflacionaria, que, como ya se mencionó, perjudicará más a quienes menos tienen.
Quienes defienden estas medidas argumentan que el efecto sobre la inflación del ajuste en el salario mínimo se redujo gracias a que, en 2016, se aprobó la desindexación del salario mínimo para desvincularlo de diversas medidas legales en las que se usaba como base de referencia. Si bien, parte de ello es cierto, no ataca los problemas que se mencionaron en el párrafo de arriba. Por otro lado, sus defensores señalan que el salario mínimo es tan bajo que no incide en la determinación de otros salarios. Sobre esto último, vale la pena recalcar que no aplica para todas las industrias, pues hay unas en las que se pagan salarios muy bajos, como la de los servicios, y, además, el salario mínimo ya acumula un ajuste de 60% en los últimos tres años, sin contar el 22% para 2022, acercándose peligrosamente al resto de los salarios.
Ahora, situémonos en la coyuntura actual. Por un lado, las empresas siguen enfrentando un contexto económico incierto y retador, lo que afecta a sus ingresos. De acuerdo al Inegi, en septiembre pasado, el indicador global de la actividad económica estaba en niveles de 2016; el consumo privado, en niveles de 2017. Al mismo tiempo, las empresas enfrentan notables incrementos interanuales en los precios de materias primas (petróleo +45%, cobre +19% y maíz +37%) y en los costos de transporte (índice de contenedores WCI +119%), que en parte han trasladado al consumidor final, ocasionado que la inflación al consumidor se incremente 7.4% durante noviembre de este año, la mayor desde 2001.
Si a este entorno de frágil recuperación económica y presiones en costos se le suma un incremento de 22% en el salario mínimo, es probable que las empresas efectivamente sean desalentadas para contratar más trabajadores y, además, no tengan otra alternativa más que trasladar una buena parte de ese costo al consumidor. Entonces, hoy más que nunca, existe un riesgo real de que los efectos indeseables del alza en el salario mínimo (menor empleo, mayor inflación) terminen prevaleciendo sobre los beneficios que se buscan generar a los trabajadores.
