Guadalupe Taddei ya no preside el Instituto Nacional Electoral. Su renuncia fue formalizada ante la Cámara de Diputados y el Consejo General designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional mientras se desarrolla el procedimiento para elegir a quien habrá de concluir el periodo originalmente previsto.

La institución sigue funcionando.

Y esa debería ser la primera lección de esta crisis: las personas pasan; las instituciones deben permanecer.

La salida de Taddei ocurre después de graves señalamientos por presuntas irregularidades administrativas, contrataciones y posibles conflictos de interés. Su renuncia, por sí misma, no acredita responsabilidad alguna. Tampoco puede utilizarse como sustituto de las investigaciones que correspondan.

Si las investigaciones determinan que hubo irregularidades, conflictos de interés, uso indebido de recursos públicos o responsabilidades administrativas o penales, debe haber consecuencias para quienes resulten responsables.

Renunciar a un cargo no equivale a quedar absuelto.

Pero tampoco sería correcto trasladar automáticamente los cuestionamientos sobre quienes dirigieron al Instituto hacia la institución completa.

Defender al INE no significa defender a Guadalupe Taddei. Como tampoco exigir que se investigue su gestión significa atacar al Instituto.

Confundir ambas cosas sería particularmente peligroso.

México tardó décadas en construir una autoridad electoral capaz de organizar elecciones con suficiente autonomía respecto del gobierno. El actual Instituto es resultado de una larga evolución institucional que acompañó buena parte de la transición democrática mexicana.

Nuestra democracia sigue siendo joven y, precisamente por eso, sus instituciones requieren especial cuidado.

Pero cuidar una institución no significa convertirla en intocable.

Las instituciones se fortalecen cuando funcionan sus controles, cuando se investigan sus irregularidades y cuando existen consecuencias frente a los abusos.

La presidencia del INE no debería convertirse en un espacio de poder personal. Quien la ocupa encabeza una institución constitucional cuyo funcionamiento depende de reglas, órganos colegiados, procedimientos técnicos y miles de servidores públicos especializados.

El INE debe ser más fuerte que su presidente, pero ahora viene una decisión todavía más importante: la Cámara de Diputados deberá elegir a la persona que habrá de ocupar definitivamente la presidencia del Instituto.

La decisión llegará, además, mientras está en marcha el proceso electoral 2026-2027.

Por eso la designación no puede reducirse a una negociación de cuotas, mucho menos a encontrar a una persona cómoda para la mayoría gobernante.

El próximo presidente o presidenta del INE debe entender que no trabaja para el gobierno, para Morena, para el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano ni para ninguna otra fuerza política.

Trabaja para los ciudadanos.

Y su obligación consiste en garantizar que todos los partidos compitan bajo las mismas reglas, que cada voto tenga el mismo valor y que la voluntad expresada en las urnas sea respetada, independientemente de quién resulte beneficiado por ella.

Eso significa ser árbitro.

Un árbitro electoral no tiene que ser opositor al gobierno para demostrar independencia. Pero tampoco puede comportarse como aliado del poder para demostrar gobernabilidad.

No debe favorecer a nadie.

La neutralidad no significa ausencia de carácter. Significa aplicar las mismas reglas cuando hacerlo beneficia al gobierno y cuando lo perjudica; cuando satisface a la oposición y cuando la incomoda.

Ahí se construye la credibilidad de una autoridad electoral.

Y ésa debería ser también la responsabilidad de quienes participen en la designación.

La mayoría legislativa tiene derecho a intervenir en el procedimiento que establece la Constitución. Lo que no debería hacer es confundir mayoría política con propiedad institucional.

Porque los gobiernos cambian, los partidos ganan y pierden elecciones, las mayorías legislativas aparecen y desaparecen, pero las instituciones democráticas deben estar diseñadas precisamente para sobrevivir a todas ellas.

Por eso sería un error utilizar la salida de Guadalupe Taddei para intentar capturar al INE. Pero también sería un error utilizar la defensa de la autonomía electoral como argumento para impedir que se investiguen posibles irregularidades cometidas dentro del propio Instituto.

Autonomía no significa impunidad.

Independencia tampoco significa ausencia de rendición de cuentas.

El desafío consiste precisamente en conseguir ambas cosas al mismo tiempo: un INE independiente del poder político y sometido plenamente a la ley.

La presidencia provisional de Blanca Cruz tendrá, mientras tanto, una responsabilidad considerable: mantener funcionando al Instituto, recuperar la colegialidad, facilitar las investigaciones que correspondan y garantizar que la incertidumbre en la conducción no contamine la organización del proceso electoral.

Su carácter provisional no disminuye esa responsabilidad.

Pero la prueba verdaderamente importante llegará con la elección definitiva.

Ahí sabremos si la crisis producida por la salida de Guadalupe Taddei sirvió para corregir problemas institucionales o simplemente para cambiar a la persona sentada en la presidencia.

México necesita que ocurra lo primero.

Porque fortalecer al INE no consiste en proteger a quienes lo dirigen.

Consiste en preservar su autonomía, mejorar sus controles, investigar sus irregularidades, sancionar los abusos que lleguen a acreditarse y garantizar que ninguna fuerza política pueda apropiarse de una institución que pertenece a todos.

La democracia mexicana necesita partidos fuertes, gobiernos legítimos y oposiciones capaces de competir.

Pero necesita algo todavía más elemental: un árbitro en el que todos sepan que las reglas no cambian dependiendo de quién tenga el poder.

La salida de Guadalupe Taddei debe cerrar una etapa.

Las investigaciones deberán determinar las responsabilidades.

Y la próxima designación deberá demostrar si quienes hoy tienen la responsabilidad de elegir entendieron finalmente lo esencial: el INE no pertenece al gobierno, ni a los partidos, ni a quien ocupe su presidencia.

El INE pertenece a la democracia mexicana.