Los retazos…

Dos palabras opuestas, pero que últimamente parecen servir para explicar bastante bien algunos operativos de nuestras autoridades.

Ahí está, por ejemplo, el famoso decomiso de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato, anunciado inicialmente casi como un gran golpe contra el huachicol.

La cantidad no era menor y, naturalmente, algunos ya festejaban.

El problema fue que después comenzó a saberse que la empresa sí tenía permisos, que el combustible era legal y que lo que existían eran algunas irregularidades administrativas que aparentemente fueron subsanadas.

Entonces la pregunta es bastante sencilla:

¿qué pasó ahí?

Porque 59 millones de litros no son precisamente unas cuantas garrafas encontradas en la cajuela de un coche.

El operativo había sido realizado por la Fiscalía General de la República y, conforme avanzó la revisión del asunto, terminaron apareciendo inconsistencias suficientes para que el delegado de la propia Fiscalía en Guanajuato fuera separado del cargo.

Incluso desde Seguridad se reconoció que no se habían realizado todas las verificaciones necesarias.

Es decir, primero se anunció el gran golpe y después se revisó si el golpe tenía fundamento.

Como dicen en mi tierra, para taparle el ojo al macho ahora se dice que las investigaciones continúan.

Está bien que continúen.

Pero habría sido mejor investigar antes de festejar.

Porque para eso se supone que existe coordinación entre la Fiscalía, Seguridad Pública y las demás autoridades que intervienen en este tipo de operativos.

Si no, más que coordinación parece aquello de “a ver quién llega primero y luego vemos qué pasó”.

Y hablando de investigaciones, ¿qué va a pasar con Ernesto Ruffo?

El exgobernador de Baja California lleva ya varios meses sometido a proceso por acusaciones relacionadas con contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada.

Ahora se encuentra en prisión domiciliaria.

Pero prisión domiciliaria sigue siendo prisión.

No estoy diciendo que sea inocente.

Tampoco que sea culpable.

Lo que digo es que, después de ver algunas de las pifias que ha cometido la Fiscalía, uno tiene derecho a preguntar si en este caso existen pruebas suficientes o si más adelante vamos a descubrir que tampoco era como inicialmente nos lo contaron.

Si Ruffo cometió un delito, que se le castigue.

Y si no existen pruebas suficientes, que se le deje en libertad.

Así debería funcionar la justicia.

Sin importar si el acusado es panista, morenista, priista o pertenece al partido de moda.

Porque luego nos hablan mucho de debido proceso, pero curiosamente parece que no siempre se aplica con la misma velocidad ni con el mismo entusiasmo.

Y ya que hablamos de instituciones, a la doctora presidenta también le salió otro problema con Guadalupe Taddei.

Mi paisana llegó a la presidencia del INE en medio de cuestionamientos y ahora terminó saliendo después de los señalamientos sobre contratos, colaboradores y gastos dentro del Instituto.

Entre las cosas que llamaron la atención apareció un colaborador de confianza con un sueldo cercano a los 70 mil pesos mensuales y que, según distintas publicaciones, también realizaba funciones de chofer.

Nada mal pagado el volante.

También comenzaron a aparecer cuestionamientos sobre empresas proveedoras y posibles conflictos de interés.

Ella rechazó las acusaciones y pidió auditorías.

Después renunció.

Muy bien.

Pero la renuncia no borra lo ocurrido ni sustituye una investigación.

Porque últimamente parece que algunos funcionarios creen que dejando el cargo también dejan atrás las preguntas.

Y no.

Las preguntas siguen ahí.

Ahora le corresponderá a las autoridades revisar si hubo o no irregularidades.

Y aquí aparece otro problema para la doctora presidenta.

Durante mucho tiempo era fácil culpar de todo a la oposición, a los conservadores, al neoliberalismo, a los gobiernos anteriores o al enemigo que estuviera disponible esa semana.

Pero ahora empiezan a aparecer los problemas dentro de casa.

Y ésos son bastante más difíciles de explicar.

Ahí está Sinaloa.

Ahí está Rocha.

Ahí están otros personajes de Morena que han sido señalados, investigados o cuando menos cuestionados y que durante mucho tiempo parecieron intocables.

Y aquí la presidenta tendrá que decidir algo muy sencillo:

si va a proteger personas o va a proteger instituciones.

Porque no es lo mismo.

Cuando los señalamientos vienen de Estados Unidos vuelve a aparecer inmediatamente nuestra palabra favorita:

soberanía.

Y sí, hay que defenderla.

Nadie está diciendo lo contrario.

Pero soberanía no quiere decir que aquí nadie pueda investigar a nadie.

Mucho menos si se trata de un político del partido gobernante.

Una cosa es defender al país.

Y otra defender compañeros.

No confundamos.

Además, en materia de seguridad y procuración de justicia ya hemos visto suficientes errores como para seguir creyendo que todo marcha como relojito.

Seguridad investiga una cosa.

La Fiscalía entiende otra.

Los jueces terminan corrigiendo.

Y después todos explican que sí había coordinación.

Pues si eso es coordinación, habría que revisar el diccionario.

El Estado tiene que actuar con fuerza cuando sea necesario, claro que sí.

Pero también con inteligencia.

No sirve de mucho entrar con todo, anunciar decomisos, presentar culpables y sacar pecho si unos días después hay que comenzar a explicar que quizá las cosas no eran exactamente como se habían dicho.

Maquiavelo decía muchas cosas incómodas, pero una de ellas sigue siendo bastante útil: un Estado que demuestra debilidad termina perdiendo autoridad.

Y también pierde autoridad cuando se equivoca demasiado.

Porque cada pifia deja una pregunta.

Cada operación mal hecha deja otra.

Cada investigación que parece selectiva deja otra más.

Y al final uno termina exactamente donde empezó:

¿coordinado o caótico?

Saludos desde mi trinchera.