28 de marzo de 2024 6:30 am
OPINIÓN

Recomendación Fantasma

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MIchelle Bermúdez Betancourt

Recomendación Fantasma

La CNDH es un Organismo Constitucional Autónomo lo cual convierte a la misma en una institución no sólo de gran relevancia dada la materia que atiende y la función que cumple, sino que forma parte, o por lo menos formaba, de uno de los sistemas de contrapesos al poder más innovadores e importantes que existen en nuestro país.

En los últimos años, tristemente, nos hemos acostumbrado a un gobierno que se ha dedicado, en gran medida, a subestimar la labor y valor depositados en los Organismos Constitucionales Autónomos; aunado a ello se ha vulnerado de manera preocupante la autonomía de los mismos, principalmente de la CNDH, al contar, muchos de ellos, con miembros titulares que utilizan su puesto público y titularidad para sucumbir ante la ideología y proyecto político impuestos por el Ejecutivo Federal.

Hace tan solo unas semanas la ciudadanía se vio en la necesidad de salir a las calles para defender y transmitir su postura con respecto a la reforma electoral recientemente presentada ante el Congreso de la Unión. Fue precisamente el temor de que se vieran vulneradas la autonomía e independencia con las que el INE cuenta, lo que, de manera inevitable, impulsó a miembros de la sociedad de todo el país a comunicarle a los y las gobernantes que los mexicanos no aceptaremos, ni estamos dispuestos a ver desaparecer dicho mecanismo de contrapesos. Es precisamente ese nivel de participación el que deberíamos de observar ante el ataque constante que existe hacia la CNDH por parte de su propia titular.

El pasado martes 22 de noviembre la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) compareció ante la Cámara de Diputados. Si bien dicho acontecimiento no representa ninguna situación extraordinaria o alarmante; desafortunadamente, más no sin sorpresa, no se puede asegurar lo mismo en cuanto a muchas de las declaraciones y comportamientos emitidos por la titular en esta ocasión.

Debemos negarnos rotundamente a dejar pasar y normalizar actitudes como las observadas en la comparecencia de hace unos días de Rosario Piedra. Resulta una “coincidencia” de tiempos muy justos que dicha titular haya aprovechado la ocasión para anunciar la emisión de una recomendación al INE con motivo del fraude electoral que tuvo como consecuencia la masacre de la Alameda del 7 de julio de 1952, hecho que dio comienzo a la guerra sucia. Asegurando que su función ha pretendido eliminar la impunidad que, en sus palabras, “no nace hoy sino desde hace muchos años”; con dicho “argumento”, ésta, a través de un ejercicio de autoridad como lo es la emisión de una recomendación, y con la intención de probar su punto, manejó una narrativa que dió a entender que señalaba al INE (la actual autoridad en materia electoral) como responsable del fraude electoral de aquel año y, por ende, de aquella terrible masacre.

No sólo no está dentro de las facultades de la CNDH emitir recomendaciones en materia electoral, sino que en pleno escenario de tensión e intento de reforma al INE, la titular de la CNDH lo intenta responsabilizar de hechos que ocurrieron, nada más y nada menos que, 38 años previos a la creación del Instituto Federal Electoral (IFE).

Sin duda alguna esto representa un síntoma gravísimo del rumbo que muchos de los Organismos Constitucionales Autónomos están tomando. Un organismo autónomo utilizando sus facultades, en contra de otro organismos autónomo -sin fundamento, con la aparente intención de dañarlo y acompañado de un discurso con narrativa descuidada y tendiente a interpretaciones perjudiciales hacia el organismo receptor de la recomendación- resulta, sin exagerar, una tragedia para el sistema de contrapesos que con tanto esfuerzo y entrega han construido los y las mexicanas. Simple y sencillamente no podemos observar esto como parte de un acto más de este, nada divertido, circo, sino como lo que es: un ataque directo a la ciudadanía, a la democracia y a las instituciones determinadas a darle permanencia y protección a los principios rectores de la sociedad.

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