Por Aldo Yair Caballero Sandoval en colaboración con Jaime Tbeili Benpalti
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Ha comenzado el periodo ordinario de sesión en el Congreso de México, y con ello vienen discusiones imprescindibles para la vida económica del país, tal como lo es el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación (PPEF) 2024. Éste, además de permitirnos observar en términos monetarios las prioridades de la actual administración, también nos deja ver un problema que tanto las pasadas administraciones como esta han ido relegando: la falta de una reforma fiscal.
Para el año 2024, el PPEF acordó un gasto de 9.02 billones de pesos, el cual representa un aumento del 4.3% a comparación con el año 2023 que fue 8.64 billones de pesos. El dinero aprobado para el siguiente se destinará en su mayoría para los proyectos y programas sociales insignia de este sexenio, tales como: Tren Maya y Pensiones para Adultos Mayores. Por otro lado, en cuanto a la cuestión de los ingresos, para el próximo año se programan ingresos por 7.3 billones de pesos, el cual es tan solo un 0.8% mayor a comparación del año anterior. De este modo, es importante señalar que durante esta administración el incremento en el gasto público ha sido histórico; sin embargo, los ingresos, no tanto.
Ante esta coyuntura recordemos que una de las principales promesas de campaña del presidente López Obrador fue no subir impuestos, puesto que, según él, solo a través del combate a la corrupción podría aumentar la recaudación que tanto necesita el país. Sin embargo, la evidencia nos dice claramente que esto no ha sido así.
En primer lugar, para ilustrar esta cuestión señalemos que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el siguiente año se tiene previsto que los gastos gubernamentales excedan lo equivalente al 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB). Un déficit fiscal de tal magnitud era algo no visto desde hace 24 años; es decir, desde 1988, entre el sexenio de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Esto es así, ya que esta administración ha hecho un récord en torno a la modernización del país y programas sociales, pero no se cuenta el dinero necesario para satisfacer esos gastos, por lo cual se tiene que recurrir a la solicitud de una mayor deuda.
En segundo lugar, tomemos en cuenta que la última reforma fiscal que se llevó a cabo fue hace casi diez años, en el 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Desde entonces, de acuerdo con Ana Morales, investigadora del Programa de Justicia Fiscal de Funda, solo se han hecho algunos cambios fiscales; sin embargo, estos no resuelven el problema. Además, a la larga el sistema fiscal se vería insostenible, puesto que conllevarían problemas como grandes niveles de endeudamiento y además, pésimos servicios públicos para la población. Por otro lado, hay ciertos cobros que se necesitan modernizar de modo que este sistema se pueda eficientar.
La falta de una reforma fiscal integral en México plantea desafíos significativos para las finanzas públicas y la economía del país. A medida que los gastos públicos siguen aumentando y los ingresos fiscales muestran un crecimiento insuficiente, se hace evidente la necesidad de revisar y modernizar el sistema fiscal. La negativa a emprender una reforma fiscal completa por las absurdas consideraciones políticas y de popularidad del presidente deben ser dejadas de lado y en su lugar ver la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad económica a largo plazo. El combate a la corrupción, si bien es importante, no debe ser la única respuesta para abordar los desafíos fiscales. Es hora de una revisión seria y una actualización del sistema fiscal mexicano para garantizar un futuro económico más sólido y equitativo.
