Por Jorge Molina Larrondo
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En este caso no me refiero a las condiciones climáticas, sino al entorno político que afecta a la situación que vive la frontera México-Estados Unidos y que está contribuyendo para que este problema se vuelva mucho más que sólo un tema de negociación. Hasta la fecha, las acciones tomadas por el gobierno de Biden muestran que Estados Unidos no ha prestado la atención suficiente ni tampoco que exista un liderazgo adecuado para sortear la problemática, mientras que la postura del gobierno mexicano ante su vecino del norte es que no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a la situación.
Del lado estadounidense, se refleja la falta de asertividad de Biden y su indecisión en el manejo del tema, lo que ha llevado a que dentro del equipo responsable aumenten los roces personales y las peleas se traduzcan en malas decisiones. Es un tema que, de acuerdo con diferentes fuentes en Washington, del que nadie ha querido hacerse responsable, cuando por otro lado, requiere de la participación coordinada de varias dependencias a nivel federal y estatal.
Mientras que Trump busca hacer del manejo de la inmigración en Estados Unidos uno de los temas centrales durante la campaña presidencial, argumentando que el gobierno de Biden ha sido incapaz, la percepción en el Congreso y dentro de la Administración es que la solución no puede esperar hasta que se de el cambio en el poder en Washington a finales del próximo enero. Por ello es que la propuesta negociada entre los senadores James Lankford (republicano de Oklahoma), Chris Murphy (demócrata de Connecticut) y Kyrsten Sinema (independiente de Arizona), y que fue dada a conocer la semana pasada se consideró la más robusta y ambiciosa en materia de inmigración desde 1986.
Mientras tanto, dentro de la Casa Blanca y del Consejo Nacional de Seguridad, persisten las divisiones respecto al manejo del tema y lo que se consideran soluciones posibles, lo que ha contribuido a una alta rotación entre los responsables del tema, a la falta de congruencia en las políticas públicas y a la dependencia en que México cumpla con sus compromisos en materia migratoria.
Incluso, la Casa Blanca no ha querido hablar mucho del tema en público, considerando que generaría ataques en un punto que es vulnerable dentro de la Administración. Evitaron que el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, hiciera declaraciones, lo que eventualmente llevó a que los republicanos de la Cámara de Representantes buscaran iniciar un juicio político en su contra por su “ineficiencia en el manejo de la crisis fronteriza,” mismo que fracasó hace unos días de manera estruendosa. Pero la falta de liderazgo a hecho que la Asesora en Políticas Internas, Susan Rice, se volviera un punto de referencia en este tema, lo que ha generado infinidad de problemas con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, que sostiene que ya no hay espacios disponibles para atender a los niños migrantes.
A finales de diciembre, y a petición del gobierno de Biden, iniciaron una serie de reuniones mensuales al más alto nivel encabezadas por los secretarios de relaciones exteriores de ambos países, Anthony Blinken y Alicia Bárcena. Hasta la fecha se han realizado tres – la más reciente el pasado 7 de febrero en la Ciudad de México, pero no existen anuncios importantes de ninguna de ellas. No existe información más allá de que continuarán de manera mensual, pues el gobierno de Biden no cuenta aún con nuevos recursos, en tanto que no se apruebe la asignación presupuestal para la frontera, lo que debe suceder a más tardar el siete de marzo.
Esta situación ha llevado a que el gobernador de Texas, Greg Abbott, genere diversos obstáculos a las exportaciones mexicanas que ingresan por su territorio, generando pérdidas millonarias para los productores mexicanos y para los de Estados Unidos que usan esos productos. Y esto sucede cuando México es el principal socio comercial de ese país.
