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En retrospectiva del sexenio anterior y sin dejar de reconocer los aspectos benéficos de los programas sociales en favor de la población más vulnerable, no se puede ignorar el impacto que la denominada Cuarta Transformación ha tenido en el país. Estas consecuencias han trastocado la vida pública y la sociedad en general, tanto en el presente como de cara al futuro, tal como se anticipaba en 2018, con el inicio de un gobierno que desde sus primeros pasos evidenció fallos importantes.
El sexenio comenzó mal con la cancelación de la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que fue reemplazado por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Además, se eliminaron programas culturales y de bienestar como las escuelas de tiempo completo, bajo el argumento de ser ineficientes o estar vinculados a la corrupción. Esto perjudicó gravemente el aprovechamiento escolar de miles de alumnos. En el caso del aeropuerto, hubo costos colaterales considerables, no solo por la cancelación en sí, que implicó indemnizaciones a contratistas, sino también por el desaprovechamiento de lo ya construido y la posterior creación de una reserva natural, lo cual en conjunto sumó más de 330 mil millones de pesos.
Por otro lado, la desaparición de las escuelas de tiempo completo afectó directamente los derechos educativos de los alumnos y privó a muchas madres trabajadoras de la posibilidad de contribuir al ingreso familiar mientras sus hijos permanecían bajo resguardo escolar, situación agravada por la también cancelación de guarderías.
El afán destructivo del expresidente continuó con la intención de extinguir órganos autónomos esenciales para la administración pública, como la Comisión Federal de Competencia Económica y el INAI. Este último, cuya función es recibir quejas, garantizar la transparencia y supervisar las actuaciones de las autoridades. Además, se impulsó una reforma judicial que, según muchos, vulnera el principio de división de poderes. Dicha reforma debilita el papel regulador del Poder Judicial, que debe garantizar un equilibrio correcto entre los tres poderes sin violar el principio de justicia del juicio de amparo. Asimismo, genera efectos negativos a futuro, dañando gravemente el Estado de derecho en lo que se supone es, una democracia congruente. No obstante, el partido gobernante muestra una clara prisa por formular convocatorias para la elección de ministros, jueces y magistrados, en medio de negociaciones.
En este contexto, Ricardo Monreal, figura clave en la reforma y supuesto experto en materia constitucional, ha manifestado su descontento por la derrota de su hija en la alcaldía Cuauhtémoc, afirmando que el fallo del Tribunal Electoral es un error que socava la democracia, por supuesto, lo relacionado con la reforma judicial, no vulnera nada, según él.
A pesar de estos elementos, la Suprema Corte de Justicia sigue discutiendo la validez de la reforma judicial, aceptando impugnaciones y controversias constitucionales, lo que ha retrasado su resolución final, pese a la presión del entonces y la actual titular del Poder Ejecutivo.
Es importante considerar que, más allá de los distintos métodos de interpretación constitucional —gramatical, histórico, lógico y sistemático—, debe prevalecer la ponderación de valores fundamentales consagrados en tratados internacionales como el cuerpo iuris interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos y sus protocolos, así como el control difuso ejercido a través del método exegético.
En el ámbito económico, la situación es alarmante, especialmente en Pemex, cuya deuda ha alcanzado niveles históricos. Esta situación, heredada de administraciones anteriores, no ha sido corregida, y actualmente la deuda supera los 300 mil millones de dólares, debido a la ineficiencia en exploración, explotación y distribución de petróleo. Aunque el expresidente afirmó que la deuda se había reducido en 90 mil millones de dólares, lo cierto es que la Secretaría de Hacienda emitió nuevos compromisos financieros, empeorando el panorama.
Este descontrol en las finanzas públicas se refleja en un crecimiento económico raquítico, que apenas llegó al 0.8%, el peor desempeño en los últimos cinco sexenios, a pesar de haberse prometido un crecimiento de entre el 6 y el 8%. Además, la deuda pública, que representaba el 50% del PIB, ha aumentado al 52%, en contradicción con la promesa gubernamental de no endeudarse.
Entre los recursos mal empleados, destaca la inversión en la refinería de Dos Bocas, cuyo costo duplicó lo presupuestado, pero, fue chuleada por la exsecretaria de Energía Rocío Nahle, aunque, no ha generado los resultados esperados. Además, la adquisición de la refinería Deer Park en Estados Unidos, con su antigüedad y falta de productividad, no ha logrado cumplir los fines necesarios. A esto se suma la construcción del Tren Maya, que ha causado graves daños ambientales sin haber completado los pagos por la expropiación de terrenos y sin contar con los estudios de impacto ambiental que avalen la obra.
Continuará…
