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La continuación de esta narrativa amerita un tratamiento especial debido a la complejidad del sistema de seguridad pública en el país. En primer lugar, es importante citar el fundamento legal de la seguridad pública como una obligación de los gobiernos estatales, en conformidad con las leyes locales y federales. Este marco legal está establecido en los artículos 21 y 115 de la Constitución Federal.
Vale la pena destacar que, en algún momento, el expresidente admitió su responsabilidad en la crisis de seguridad, reconociendo que no logró resolver el problema. Esto puede interpretarse como una confesión implícita de culpa. Además, algunos altos mandos del ejército, en entrevistas televisivas, llegaron a sugerir que los conflictos entre grupos del crimen organizado debían resolverse entre ellos mismos, como si no fuera un asunto de seguridad pública.
Por otro lado, los cuerpos policiales en el país han estado integrados, en muchos casos, por elementos con poca preparación, aunque recientemente se ha exigido mayor capacitación y certificación de confianza. Sin embargo, estas fuerzas han sido infiltradas y cooptadas por organizaciones criminales, debilitando su capacidad para proteger a la sociedad.
La incorporación del ejército en tareas de seguridad pública tampoco ha sido la solución ideal, lo que llevó a la creación de la Guardia Nacional. No obstante, esta fuerza de seguridad carecía inicialmente de un marco legal claro y su función parecía improvisada. Con el tiempo, la Guardia Nacional ha sido adaptada a labores policiales y recientemente fue incorporada a la SEDENA, lo que le ha otorgado nuevas facultades para llevar a cabo investigaciones criminales con el apoyo de tecnología avanzada, pero, en principio, se deberá seguir el procedimiento habital que incluye, entregar esa investigación al Ministerio Público a cargo de las Fiscalias federal o de los estados, dependiendo del caso, habrá que ver si lo hacen o no, sobre todo por que nadie habla de eso, o acaso ¿las fiscalías no son parte del proceso de impartición de justicia?
En cuanto a la salud pública, la pandemia de Covid-19 evidenció una grave falta de atención, lo que resultó en la muerte de miles de personas por la carencia de medicamentos y equipo médico adecuado. En respuesta, el gobierno optó por contratar médicos cubanos, lo que generó controversia al desestimar la capacidad de los profesionales nacionales.
Finalmente, el sexenio pasado dejó varias asignaturas pendientes que afectaron profundamente el desarrollo económico, político y social del país. Aunque algunos de estos problemas no fueron enteramente atribuibles al expresidente, otros, como la pandemia, la crisis de Ayotzinapa y los feminicidios, sí lo fueron. Estas fallas han dejado una huella profunda en la sociedad mexicana, que aún sigue padeciendo las consecuencias de decisiones irresponsables.
