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Finalmente, fueron aprobadas las Cámaras de Diputados y Senadores las reformas a la Constitución, entre ellas la denominada Supremacía Constitucional. Esta establece, entre otras disposiciones, la renuncia de los ministros de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura, de magistrados y otros funcionarios, así como la imposición de prohibiciones en el ejercicio de ciertos derechos ciudadanos.
Esta reforma vulnera derechos humanos, tanto de los ciudadanos en general (limitando el acceso al juicio de amparo), como de quienes integran el Poder Judicial. Sin embargo, parece que solo afecta a los altos funcionarios mencionados y no a los trabajadores de base, cuyos derechos laborales aún se respetarían, al menos hasta que se demuestre lo contrario. Un primer paso en esta dirección fue el recorte de más de dos mil millones de pesos del presupuesto del Poder Judicial para 2025, lo cual incluye la reducción de salario de la presidenta de la Corte y de todos aquellos funcionarios que ganen más que la actual titular del Poder Ejecutivo, decisión aprobada por la mayoría del Congreso.
Ha sido motivo de debate el término “renuncia,” que para muchos significa separación obligatoria, aunque los legisladores del oficialismo afirman que se trata de un retiro voluntario. Queda por saber qué beneficios, como salarios, antigüedad y otras prestaciones, recibirán los afectados. Especialmente considerando las recientes declaraciones del presidente de la mesa directiva, quien afirmó que solo recibirán el monto equivalente a su salario.
En fechas recientes, ocho ministros, incluida la presidenta de la Corte, presentaron su renuncia. La titular del Poder Ejecutivo afirma que se llevarán “un montón de dinero,” una vez que se determine si cada ministro opta por renunciar o participa en una elección implementada por el órgano competente, como dicta la reforma. El gasto que esto representa se incluiría en el presupuesto de 2025, aunque los legisladores de Morena insisten en que será cubierto con los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial.
La Supremacía Constitucional se basa en la preeminencia de la Constitución sobre otras leyes. Este principio establece una jerarquía donde las leyes secundarias derivan de la ley fundamental, que regula el equilibrio de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en un sistema democrático. Sin embargo, existe una creciente preocupación de que esta reforma busque concentrar el poder en el Ejecutivo, con apoyo de Morena, eliminando obstáculos a sus iniciativas. Esta situación, a todas luces, se asemeja a una dictadura más que a una democracia.
Para la oposición, las maniobras del expresidente han sido inteligentes, y muchas de sus reformas ya están vigentes. Según los artículos 96 y 107 de la Constitución, las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad quedan prohibidas contra las reformas a la Constitución. Esta restricción también se aplica a los juicios de amparo, eliminando cualquier posibilidad de impugnación en este ámbito.
Continuará…
