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Dadas las condiciones de inseguridad que prevalecen en el país desde el sexenio anterior, el gobierno federal consideró necesario formar un cuerpo de seguridad pública con funciones policiales para combatir el crimen, especialmente el crimen organizado. Así, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019, se creó la Guardia Nacional. Inicialmente, esta fuerza no tenía una actividad plenamente definida; lo mismo coordinaba con las fuerzas armadas, realizaba funciones policiales, auxiliaba en desastres naturales o perseguía a grupos de narcotraficantes. Sin embargo, un nuevo decreto del 30 de septiembre de 2024 modificó su estructura y funciones, incorporándola formalmente al sistema militar.
Actualmente, la Guardia Nacional es una fuerza de seguridad pública profesional y permanente, integrada por personal militar con formación policial, bajo la dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, tiene la facultad de participar en la investigación de delitos comunes en coordinación con el Ministerio Público e intervenir en la fase inicial de las investigaciones. Se le han conferido facultades específicas a partir de la reforma, con el fin de proteger los derechos humanos mediante tecnología avanzada y métodos de inteligencia, evitando detenciones ilegales y arbitrarias y asegurando la correcta presentación de los casos ante los jueces.
Esta fuerza de seguridad se compone de elementos federales, estatales y municipales, así como de otras organizaciones con funciones similares, estando bajo el mando del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Por otro lado, en cuanto a las Fiscalías Estatales (Ministerios Públicos), persisten omisiones y errores que impiden actuar con estricto apego a la ley. Con frecuencia, las carpetas de investigación no se elaboran correctamente, lo que provoca retrasos en su tramitación o incluso la necesidad de reiniciar procesos. Este problema afecta directamente la protección de los derechos humanos y fomenta un entorno propicio para la corrupción, intencionada o no, en la que participan las partes involucradas en los conflictos.
Un aspecto preocupante es la gran cantidad de delitos que no se denuncian, especialmente por temor a represalias. Esto afecta principalmente a pequeños y medianos negocios, que prefieren no denunciar por miedo a las amenazas de los delincuentes, perpetuando así el problema del “derecho de piso” y la impunidad.
Además, la carga de trabajo de los agentes es un factor relevante. Según datos del INEGI, cada agente maneja en promedio 290 carpetas de investigación, mientras que en la Ciudad de México, el número se reduce a 268. Este exceso de trabajo no solo ralentiza los procesos, sino que también fomenta la corrupción, ya que los ciudadanos se ven obligados a ofrecer sobornos para agilizar los trámites.
La falta de atención en las investigaciones perjudica a las víctimas, tanto en el ámbito personal como en el patrimonial, dependiendo del caso. A esto se suma la insuficiente capacitación e instrucción de los agentes, que les impide desempeñar sus funciones adecuadamente, a pesar de los avances tecnológicos disponibles para manejar las denuncias y quejas. La correcta integración de las carpetas de investigación es crucial para proporcionar a los jueces la información necesaria para dictar sentencias conforme al proceso penal, ya sea en términos de detención preventiva justificada o de penas privativas de la libertad.
Al inicio, se creyó que las reformas que permitieron la intervención del ejército podrían solucionar estos problemas. Sin embargo, la situación se ha agravado, ya que el crimen organizado continúa cooptando a policías locales y a Ministerios Públicos, impidiendo el cumplimiento de la ley. A pesar de la existencia de órganos de control, su labor de supervisión ha entorpecido aún más los trámites, según los propios Ministerios Públicos.
Es urgente que las reformas propuestas se traduzcan en una mejora real y efectiva de los servicios policiales a nivel local, estatal y federal, así como de la labor de la Policía de Investigación. Un sistema de justicia sólido debe enfocarse en reducir drásticamente la ola de criminalidad mediante acciones concretas y verificables. No hay espacio para engaños ni datos manipulados; la realidad de la violencia en estados como Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Chiapas y Oaxaca es innegable. Es hora de que las autoridades actúen con firmeza y compromiso, porque el tiempo sigue corriendo y la seguridad de la ciudadanía no puede seguir siendo una promesa incumplida.
