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En su último libro, Nexus, Yuval Harari afirma que tanto los países como las instituciones que no tienen mecanismos de autorregulación tienden a fracasar. Éstos, por lo general, concentran la información como forma de ejercer el poder y no aceptan que personas ajenas a la cúpula del poder (incluso de aquellos cercanos a éste) emitan opiniones que contradigan en lo más mínimo la narrativa, que con sus datos “informan” a la población. Harari explica que entre más cerrada es la comunicación, mayor es el riesgo de que se caiga en una autocracia, donde la única voz que se escuche es la de la cabeza de la institución o del país. Los países comunistas (ej., la Unión Soviética) y otros de carácter nacionalista (ej., la Alemania Nazi) son ejemplos de países que no tenían mecanismos de autorregulación, como sería el caso de las democracias más avanzadas.
Por otro lado, la ciencia (y las instituciones que la realizan y que difunden sus resultados) representa el mejor ejemplo de una actividad humana con fuertes mecanismos de autorregulación, a través de mecanismos de supervisión de pares, quienes a ciegas emiten su opinión sobre la veracidad y relevancia de los trabajos científicos. En la ciencia se parte de la premisa de que nadie ostenta la verdad única: todos los conocimientos y explicaciones son transitorios; permanecen como verdades hasta que una nueva hipótesis, teoría o descubrimiento las corrige. De acuerdo con Harari este mecanismo de la ciencia la hizo crecer y reemplazar a los conocimientos del universo y la naturaleza, anteriormente dominados por la Iglesia, quien no contó con mecanismos de autocorrección que le permitiera corregir su narrativa.
En el campo de la política, el sistema democrático (con todas sus limitaciones) tiene mecanismos de autocorrección, como son: la división de poderes, los contrapesos de las instituciones, la federalización y autonomía de los territorios, las elecciones libres, la libertad de expresión, la supremacía de los derechos humanos, la libertad de prensa, la transparencia y la rendición de cuentas. En las democracias se permite la disidencia de pensamiento, y las autoridades en el poder escuchan a los partidos de oposición, a los organismos de la sociedad civil y a los ciudadanos. La máxima tribuna para discutir el rumbo de una nación es el Congreso, donde se deben de confrontar ideas opuestas o complementarias a las del partido en el poder. Una democracia robusta permite la confrontación de ideas y no percibe como adversarios a quienes piensan distinto, sino como ciudadanos que comparten un mismo país con ideas diferentes.
Por eso, es de extrañar que la presidenta de México, teniendo una formación científica y conociendo el sentido de la democracia, no busque fortalecer los mecanismos de autorregulación y contrapesos, sino más bien busque extinguirlos, como lo hizo AMLO en su momento con el INEE. Pareciera que lo que busca es allanar el camino de las decisiones centralizadas y autoritarias, donde su palabra sea la única que impera en el país y que, de solicitarlo, se convierte en ley y parte de la Constitución que, ahora, nadie, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia, pueda analizar. Lo anterior se hace evidente con la intención de desaparecer de siete organismos autónomos, que se crearon en el pasado para atender de manera más eficaz las responsabilidades que tiene el Estado mexicano con la ciudadanía. Estos son los casos de: el INAI (el acceso a la información y protección de datos personales), la COFECE (competencia económica), el IFT (regulación de las telecomunicaciones), el CONEVAL (evaluación de la pobreza y de las políticas sociales), el CRE (regulación de la energía), la CNH (regulación de la de la exploración y extracción de hidrocarburos) y la MEJOREDU (mejoramiento de la educación). Estos organismos del Estado mexicano han funcionado (con sus limitaciones) como mecanismos de autorregulación del país, y al trasladar sus atribuciones a las distintas secretarías de gobierno pierden su estatus de nacional, por lo que, de acuerdo con José Ramón Cossío, solo podrán atender asuntos del gobierno federal, pero no de otros poderes del país ni de las entidades federativas.
Lo que está viviendo el país en estos momentos aciagos me hace recordar mi columna El silencio de los inocentes (organismos autónomos(El Universal, 27/06/19), en la que, ante la extinción del INEE, planteé la posibilidad de que otros organismos autónomos siguieran su suerte. Sigo siendo testigo de cómo el Ejecutivo erosiona sistemáticamente las instituciones, incluyendo recientemente al Poder Judicial. La ampliación de la prisión preventiva oficiosa y el programa “Detector de mentiras” se suman a los esfuerzos de Sheinbaum por aniquilar los mecanismos de autocorrección y contrapesos, sin considerar que son necesarios para construir una democracia robusta. Lo contrario se llama autocracia.
