Escuchar
Autor: Alonso Salinas Domínguez, en colaboración con la Dra. María América Gutiérrez González
Lamentablemente, nos encontramos ante una mayoría legislativa engañosa que aprobó sin cuestionar los caprichos impuestos para un gobierno irracional y transitorio. Surgen preocupaciones cuando se pone en duda a quién realmente rendirán cuentas los líderes en las Cámaras de Senadores y Diputados, en los gobiernos estatales y en el gabinete tanto legal como ampliado.
Un claro ejemplo de esta problemática es la implementación de un notable retroceso en uno de los Poderes de la Unión, cuyo objetivo principal era asegurar el cumplimiento de la Constitución a través de resoluciones judiciales que debían estar fundamentadas en la racionalidad.
Las decisiones del Poder Judicial no obtienen su legitimidad a partir del voto popular; si esto fuera el caso, los derechos de todos estarían únicamente respaldados por la decisión de la mayoría, lo que permitiría que cualquier individuo fuese condenado o absuelto solo en virtud de una resolución que carezca de una base jurídica razonable y que se apoye únicamente en el voto popular.
En contraste, en el ámbito penal, el principio de legalidad establece que una conducta solo puede ser considerada un delito si todos los elementos que la describen están claramente previstos en la ley. Estos elementos no deben ser interpretados de manera amplia ni por analogía; en su lugar, deben aplicarse de forma estricta, ya que esta precisión es fundamental para asegurar la protección jurídica de todos ante el poder punitivo del Estado. El ejercicio del poder punitivo del Estado corresponde, en principio, a las autoridades que operan dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, ya sea a través de la policía o mediante una fiscalía que, en la práctica, sigue dependiendo de este poder. Este poder punitivo se manifiesta en la formulación de acusaciones penales.
Sin embargo, es el Poder Judicial el encargado de evaluar y supervisar para asegurar que los derechos de todos se respeten, verificando que la acusación penal se ajuste a la aplicación de la ley penal correspondiente. Sólo enuncio uno de los muchos mecanismos de control que debe realizar el Poder judicial respecto de los actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Lastimosamente, la mal llamada reforma judicial, que contempla la renovación de los jueces, implicará un desgaste considerable en términos de legitimidad y energía por parte de un «nuevo» gobierno que debería dar inicio a un nuevo ciclo enfocado en una auténtica transformación para el beneficio del interés nacional. No obstante, parece que esta reforma se orienta más hacia la venganza personal de alguien que, supuestamente, debería haber concluido su mandato gubernamental.
Cada vez es más claro que no estamos comenzando un nuevo ciclo, sino que simplemente se trata de una continuidad, y la superficialidad de las apariencias no oculta lo que en verdad subyace y cada vez es más evidente.
¿Cuál será la legitimidad de nuestro país en el ámbito internacional si implementamos una reforma constitucional que sujeta al Poder Judicial a la aprobación de quienes determinarán quiénes podrán acceder a los cargos de ministros, magistrados y jueces en todo el país?.
Al iniciar mis estudios en la carrera de Derecho, tenía la firme convicción de cerrar la brecha entre los dos Méxicos: el de la realidad desigual y empobrecida en muchos aspectos, y el México que retratan las leyes, donde las personas tienen el derecho a votar, decidir y participar en la vida pública del país. Mi objetivo era construir lo público a partir de lo privado; no obstante, hoy concluyo y advierto que hay quienes están socavando las leyes para crear un México sin derechos.
