La reforma judicial ¿Un retroceso a la vida democrática del país?

Perfil

Columna invitada

Colaboración periódica de diversos autores.

Escuchar

Autor: Diego Sánchez Monterrey, en colaboración con la Dra. María América Gutiérrez González

La reciente reforma al Poder Judicial en México ha sido uno de los principales temas que ha abarcado el ojo público en los recientes meses, generado una gran controversia, especialmente debido a sus modificaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a las implicaciones que tiene para la división de poderes en el país. Esta reforma, propuesta por MORENA, ha provocado una reacción sin precedentes: la renuncia de la mayoría de los ministros en turno, específicamente, de todos aquellos que no están alineados con la agenda del gobierno actual. Dicha circunstancia denota la crisis profunda que supone la reforma al Poder Judicial Federal y plantea serias preocupaciones sobre la pérdida de su independencia y el posible avance hacia un modelo de gobierno autoritario.

Uno de los cambios más significativos que emanan de esta reforma es la manera en la que se nombran a los jueces, magistrados y ministros, siendo de ahora en adelante a través de elección popular. Aunque se promovió esta modificación bajo el discurso de permear al poder judicial de un sentido de democracia, la elección popular de jueces no es una buena opción porque no garantiza que los candidatos elegidos sean los más capacitados técnica y jurídicamente; en cambio, favorece a aquellos con mayor carisma y habilidades para hacer campaña, convirtiendo el proceso en un concurso de popularidad. Los votantes, generalmente sin formación jurídica, tienden a elegir basados en imagen o propuestas populistas en lugar de evaluar competencias profesionales. Además, se pone en riesgo la independencia judicial, ya que los jueces pueden sentirse presionados a emitir fallos que satisfagan a la mayoría o que sean bien vistos por la opinión pública, en lugar de aplicar las leyes de manera objetiva y conforme al derecho. Al depender del apoyo popular para ser electos o reelectos, los jueces podrían priorizar decisiones populares o políticamente convenientes, sacrificando la imparcialidad y perjudicando la aplicación justa de la ley, lo que debilita el Estado de Derecho y abre la puerta a la politización del Poder Judicial.

En adición a esto, la reforma presenta nuevos requisitos para ser ministro que, desgraciadamente rayan en la locura, estableciendo “… un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula..”. Una vez más, haciendo un cambio que de primera mano pudiera parecer bueno, sin embargo, las calificaciones académicas no reflejan necesariamente la capacidad profesional ni la experiencia jurídica adquirida a lo largo de los años de los jueces. Asimismo, todas las universidades tienen métodos y parámetros de evaluación distintos, por lo que establecer un promedio mínimo sería medir a todos con una misma vara, ignorando el contexto y las exigencias de cada institución. Además, hay ejemplos concretos de jueces altamente reconocidos que no destacaron por su promedio académico, pero cuya trayectoria profesional demuestra su competencia y sabiduría; negarles la oportunidad de ejercer por no cumplir con un promedio específico sería ignorar el valor de su experiencia y los logros obtenidos en el ejercicio de su carrera.

El debilitamiento de la Suprema Corte no es solo un problema estructural; también implica una amenaza directa a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Un Poder Judicial independiente es esencial para garantizar que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa. Si los jueces están sometidos a presiones políticas o carecen de independencia, es probable que sus decisiones favorezcan al gobierno en turno o a un grupo específico de personas, poniendo en riesgo los derechos de los ciudadanos. Casos de censura, violaciones a la libertad de expresión o procesos judiciales injustos podrían convertirse en la norma si no existen tribunales imparciales que defiendan los derechos humanos.