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* En colaboración con Jaime Tbeili Palti
En los últimos años, México ha sido testigo de un intenso debate en torno a su política energética, un tema que no solo define el rumbo económico del país, sino que también tiene implicaciones profundas en lo social, ambiental y geopolítico. La actual administración ha impulsado una serie de reformas y medidas que buscan fortalecer a las empresas estatales, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en detrimento de la participación del sector privado y las energías renovables. Esta postura ha generado una polarización en la opinión pública, dividida entre quienes ven en estas acciones una recuperación de la soberanía nacional y quienes las consideran un retroceso en materia de competitividad y sostenibilidad.
Desde mi perspectiva, el enfoque actual de la política energética en México es preocupante. Si bien es cierto que Pemex y la CFE son símbolos históricos de la independencia económica del país, su situación financiera y operativa es insostenible. Pemex, por ejemplo, es una de las empresas petroleras más endeudadas del mundo, con una deuda que supera los 100 mil millones de dólares. A pesar de los esfuerzos del gobierno por inyectarle recursos, la empresa sigue enfrentando graves problemas de corrupción, ineficiencia y falta de innovación tecnológica. Por su parte, la CFE ha sido criticada por su dependencia de combustibles fósiles y su resistencia a adoptar energías limpias, lo que contradice los compromisos internacionales de México en materia de cambio climático.
El gobierno argumenta que fortalecer a estas empresas es una cuestión de soberanía y que la participación del sector privado en el sector energético representa una entrega de los recursos naturales a intereses extranjeros. Sin embargo, esta visión parece ignorar que el mundo está transitando hacia una economía baja en carbono y que México, con su vasto potencial en energías renovables, podría posicionarse como un líder en esta transición. En lugar de apostar por un modelo obsoleto basado en combustibles fósiles, el país debería impulsar una política energética que combine la inversión pública y privada, fomentando la innovación y la sostenibilidad.
Otro aspecto preocupante es el impacto social de esta política. La dependencia de los combustibles fósiles no solo afecta al medio ambiente, sino que también tiene consecuencias directas en la salud de la población. La contaminación del aire, derivada de la quema de combustibles, es un problema grave en ciudades como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, donde se registran altos índices de enfermedades respiratorias. Además, el desincentivo a las energías renovables limita la creación de empleos en un sector que tiene un enorme potencial de crecimiento.
En conclusión, la política energética de México debe replantearse con una visión de futuro. El país tiene la oportunidad de liderar la transición hacia energías limpias, pero para ello es necesario abandonar discursos nacionalistas que, aunque bienintencionados, resultan anacrónicos en un mundo globalizado. La soberanía energética no debe entenderse como el control absoluto del Estado sobre los recursos, sino como la capacidad de garantizar un suministro eficiente, sostenible y accesible para todos los mexicanos. Es hora de dejar atrás los dogmas y construir un modelo energético que beneficie a las generaciones presentes y futuras.
