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Luego de comparecer esta semana por más de siete horas ante los comités de Finanzas del Senado y de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes – los comités responsables del comercio internacional en el congreso de Estados Unidos – para explicar los objetivos de la agenda comercial del presidente Trump para este año, el representante comercial (USTR) de ese país, Jamieson Greer, dejó la impresión que su oficina tiene actualmente poca influencia en la política comercial y que las iniciativas vienen del mandatario. Legisladores de ambos partidos le preguntaron directamente cuál es el plan a seguir, pero no tuvieron ninguna respuesta.
Greer escuchó las preocupaciones de los legisladores sobre los efectos que la guerra arancelaria iniciada por Trump la semana pasada, con el anuncio de los aranceles recíprocos, está teniendo en el sector servicios, en las pequeñas y medianas empresas, en el sector agropecuario y en los fondos de retiro. Las Vegas y muchos otros destinos turísticos han dejado de recibir visitantes, tanto por las campañas organizadas en otros países para dejar de viajar a Estados Unidos, como por las revisiones mucho más exhaustivas en las aduanas de que ahora son sujetos los viajeros. Mientras que la caída de los mercados financieros, desde el dos de abril, ha tenido efectos devastadores sobre las pensiones y los fondos de retiro.
Congresistas de estados que son grandes exportadores de productos agrícolas, como Iowa, Idaho, Texas y Nebraska, destacaron que las represalias implementadas por China, Canadá y la Unión Europea están afectando seriamente a los granjeros y recordaron que cuando Trump aplicó un arancel al acero y al aluminio en 2018, fue necesario crear un programa de apoyo financiero para minimizar la pérdida de granjas, cuando sus dueños ya no podían pagar la hipoteca. Senadores y representantes coincidieron en que aunque la política arancelaria de Trump dice estar diseñada para proteger a los trabajadores y agricultores, en realidad está actuando en favor de los grandes empresarios.
Una de las principales preocupaciones de los legisladores de ambas cámaras es cuánto tiempo tardarán los “ajustes” de los que han hablado Trump y algunos de sus secretarios, como Howard Lutnick y Scott Bessentt, pues el efecto no es el mismo para toda la industria ni para toda la población. De acuerdo a diferentes estimaciones, el aumento en los aranceles puede significar un aumento en los gastos anuales de las familias entre 3,500 y 4,800 dólares, lo que tiene mayor impacto entre las personas de menores ingresos.
Otro tema recurrente fueron las implicaciones de las negociaciones que dice el USTR que está por iniciar con más de cincuenta países que buscan reducir o eliminar los aranceles recíprocos. Cualquier negociación comercial o sobre inversión tiene que estar auspiciada por el Congreso, en particular las que afecten los ingresos del gobierno. De lo contrario, el congreso no está obligado a aprobar lo que pudiera negociar el representante comercial.
Para iniciar una negociación, el USTR debe contar con la ley conocida como Trade Promotion Authority (TPA), que antes se conocía como la Ley Fast Track. Esta requiere aproximadamente de tres meses para negociarse con la Casa Blanca y una vez aprobada, el USTR debe notificar al congreso al menos con 90 días de anticipación antes de iniciar negociaciones con otros gobiernos. Si el USTR inicia negociaciones y el congreso no aprobara el TPA, dichas negociaciones podrían ser impugnables.
Y entre todos los reclamos, no faltaron las alusiones a México. Las republicanas Beth Van Duyne (representante de Texas) y Marsha Blackburn (senadora por Tennessee) comentaron la intervención del gobierno mexicano a la empresa Calica y el incumplimiento de nuestro país con el Tratado de Aguas de 1944, temas que están vigentes en ambas cámaras. Además, los representantes republicanos Rudy Yakym (Indiana ) y Mike Carey (Ohio) preguntaron qué pasará con los aranceles aplicados a México y la posibilidad de una política coordinada ante China.
Greer contestó que el tema de Calica y del Tratado de Aguas ya se le planteó al secretario Ebrard, que los aranceles continuarán hasta que Trump decida, lo que será al menos hasta el inicio de la renegociación del TMEC, y que se exploran manera de enfrentar la expansión de China de manera coordinada entre Estados Unidos, Canadá y México. Hasta la fecha, el gobierno mexicano no ha comentado públicamente estos asuntos, lo que puede generar suspicacias.
