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A lo largo de nuestra vida, muchas veces dejamos pasar, sin querer, el verdadero significado de las cosas, sin detenernos a atribuirles una explicación. Esto, que puede resultar positivo o negativo, también ocurre en los ámbitos del saber, pues de una u otra manera se traducirá en un bien o un mal para la persona, ya sea desde el punto de vista individual o colectivo. Al final, nuestras actitudes pueden beneficiar o perjudicar el entorno en que vivimos.
En principio, puede decirse que lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un fin o meta. Vivir en paz y con tranquilidad en sociedad es gozar de la libertad que todos los seres humanos anhelamos, entendiendo que, en este caso, hablamos del aspecto colectivo: vivir en sociedad sujetos a las leyes que emite el Estado y sus instituciones. No hay que olvidar que el hombre es un animal social por naturaleza.
La libertad del ser humano se ve, en cierta forma, coartada por esas reglas o normas, sobre todo cuando estas violan los derechos humanos, como sucede con las restricciones o prohibiciones de ciertas tradiciones y costumbres. Esto ocurre bajo la esperanza de alcanzar una vida mejor, con mayor libertad y dignidad, incluyendo la libre manifestación de ideas. Si un ciudadano incurre en actos o conductas que violan los principios establecidos en la ley, deberá sujetarse a las sanciones correspondientes, pues esas conductas perturban el orden social. Por ello, si la persona no puede evitar tales actos por sí sola, se acude a la fuerza pública del Estado, a través de sus instituciones competentes, para restaurar la paz y la tranquilidad requeridas.
Estas organizaciones deben actuar conforme a la ley. Las hay civiles y militares, cada una en el ámbito de las facultades que la ley les confiere. Sin embargo, en ciertos momentos, ese estado de cosas se descompone y surgen disturbios que alteran el orden social. Entonces aparece la fuerza del Estado para solucionar los problemas.
Al hablar de organizaciones, también se hace referencia a las políticas, como los partidos, que se presentan como entes creados para defender derechos y obligaciones que el Estado no estaría atendiendo debidamente. Así, se constituyen como grupos de presión, entre los que se encuentran los sindicatos u otros de menor alcance. A veces, estos no funcionan de la mejor manera, ya sea porque su número es reducido o porque el problema no es significativo. También puede suceder que sean manipulados por líderes que persiguen intereses personales o que estén influenciados por el propio Estado, siendo considerados partidos oficiales u oficialistas. En ese caso, no aportan realmente a los intereses de sus agremiados, ni mucho menos a los de la sociedad en general. Todo termina quedando en manos del Estado.
Conviene mencionar que, en otros tiempos, al estar determinados por la ley, estos partidos constituían mayorías en ambas cámaras. En la actualidad, sindicatos y organizaciones similares prácticamente han desaparecido, quizá porque podrían constituir una oposición que hoy tampoco existe, dadas las condiciones descritas. No cabe duda de que hasta eso se ha perdido en nuestro país (Fidel Velázquez y otros deben estarse revolcando en su tumba). Aunque tal vez esta mención carezca de importancia, pues los occisos también tenían lo suyo… pero, a final de cuentas, el país caminaba, quiéranlo o no.
Según Héctor Zamudio, los partidos políticos son entes intermediarios, correas transmisoras entre el Estado, los ciudadanos y el poder público. Estos entes están regulados en el artículo 41 de la Constitución. En el gobierno actual no existe, en realidad, una articulación efectiva con la mayoría de los ciudadanos, ya que los partidos han perdido prestigio y credibilidad, especialmente por su funcionamiento interno, lo que ha minado la confianza ciudadana para una posible adhesión creíble.
En el estado actual de las cosas, su operación deja mucho que desear, sobre todo durante los periodos electorales, cuando se forman coaliciones que cooptan, de manera descarada, a miembros de otros partidos con tal de ganar elecciones.
Aún más preocupante es que las reformas constitucionales se aprueban sin cumplir con la mayoría calificada, como lo establece la ley. Aquí es donde “el diablo mete la cola”: caciques o líderes del partido mayoritario en el Congreso cooptan miembros de otros partidos para lograr la aprobación de iniciativas. Aunque, en principio, esto ocurre dentro del marco legal, la maniobra de la cooptación resulta cuestionable. Pero todo se justifica bajo la lógica de no retrasar las reformas.
Durante el sexenio del cacique, se optó por una fórmula sencilla pero manipulada: muchas iniciativas de ley, no todas pero casi, se declararon como asuntos de seguridad nacional, lo que facilitó su aprobación y mantuvo el control en manos del partido dominante y sus adláteres.
Estas condiciones, propias del populismo representado por la llamada Cuarta Transformación, deberían analizarse desde la filosofía política. Pero lo que encontramos, en la práctica, son múltiples desviaciones que, en su intento por “atender al pueblo”, terminan desvirtuando los propósitos esenciales de la política y su papel como instrumento de convivencia entre ciudadanos y Estado.
No debemos olvidar que todos los actos del Estado son políticos, especialmente los relacionados con su gobernanza. También lo son los actos de los ciudadanos, cuando participan en elecciones para designar a diputados y senadores. Todos ellos —¿unidos?— buscan ejercer el poder político, aunque no necesariamente de la manera más inocente, debido a las constantes manipulaciones de los líderes partidistas al constituir el Congreso.
Los partidos, para llevar a cabo sus campañas, reciben financiamiento público con base en el número de electores que los respaldan. El partido con mayor número de simpatizantes recibe más recursos económicos. Y es ahí donde el Estado interviene nuevamente, brindando un apoyo adicional mediante propaganda política de todo tipo, presente y futura.
