Cada 5 de junio, el Día de la Lucha contra la Pesca Ilegal subraya la urgente necesidad de atajar este problema global que va más allá de la mera extracción ilícita de recursos. Se estima que la pesca ilegal representa más del 20% de las capturas mundiales y tiene un impacto económico de 21,000 millones de euros anuales, según datos de la ONU. Sin embargo, su naturaleza clandestina dificulta una cuantificación precisa. Este problema se entrelaza con vertientes más oscuras, como el maltrato laboral a bordo de las embarcaciones y el acaparamiento de los mares y el mercado alimentario por parte de flotas de naciones con una vigilancia menos estricta.
En vísperas de la Cumbre de los Océanos en Niza, representantes de la flota pesquera y organizaciones no gubernamentales han analizado las graves consecuencias de esta actividad y han propuesto soluciones. Existe un consenso generalizado sobre la necesidad de un mayor control en todos los puertos de la Unión Europea y de una vigilancia aduanera más rigurosa para evitar la importación de pescado «negro». Aunque España se destaca por sus estrictos controles portuarios, la preocupación reside en que otros países europeos podrían estar funcionando como «coladeros» para estas importaciones ilícitas.
Otro punto crucial es la limitación del uso de «pabellones de conveniencia», donde los armadores registran sus buques en naciones extracomunitarias con menos control para evadir las regulaciones. La flota atunera española, por ejemplo, ha denunciado una significativa reducción de su presencia y rentabilidad en el Atlántico, mientras que las flotas asiáticas con bandera de países africanos han incrementado sus capturas. Esta disparidad se atribuye a la falta de igualdad en la supervisión y control.
Además de fortalecer la vigilancia, las propuestas se centran en la necesidad de un mayor control sobre el capital inversor. Ignacio Fresco, experto en pesca ilegal de Oceana, señala que, aunque las embarcaciones de la UE están más vigiladas, las irregularidades persisten debido a la falta de supervisión sobre las inversiones en terceros países. Se aboga por un régimen sancionador que no solo penalice al capitán de la embarcación, sino también al propietario real y a quienes tienen las participaciones de la empresa. La implementación de normativas como la Directiva de Diligencia Debida, que obligará a las empresas a importar productos obtenidos en condiciones dignas y con origen acreditado, representa una esperanza para combatir la pesca no sostenible.
