El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha introducido una legislación integral, la Ley de Una Economía Canadiense, con el objetivo de revitalizar el potencial económico del país en un contexto de creciente incertidumbre global. La propuesta busca simplificar drásticamente los procesos regulatorios y eliminar barreras comerciales internas que han frenado el desarrollo. Carney enfatizó que Canadá, antes reconocido por construir grandes proyectos, se ha vuelto excesivamente complejo en este ámbito, lo que esta nueva ley pretende corregir.
Una de las piedras angulares de esta legislación es la reducción de los tiempos de aprobación federal para proyectos de infraestructura de cinco a dos años. Esto se logrará mediante la creación de una oficina de permisos centralizada y la implementación de un estándar de «un proyecto, una revisión». Aquellos proyectos designados como de «construcción nacional», como ferrocarriles, puertos o ductos, se someterán a evaluaciones simplificadas, enfocándose más en la implementación que en la justificación. Aunque deben cumplir con criterios como beneficios económicos, participación indígena y contribuciones climáticas, estos son considerados orientaciones más que umbrales estrictos.
El impulso detrás de este nuevo enfoque surge de la preocupación por la parálisis regulatoria que ha ralentizado la capacidad de Canadá para llevar sus recursos naturales a los mercados globales. Carney explicó que, históricamente, la pregunta de las agencias federales ante un nuevo proyecto era «¿Por qué?». Con esta nueva ley, la pregunta cambiará a «¿Cómo?», lo que indica un giro hacia una mentalidad proactiva en la construcción y el desarrollo.
Además de agilizar las aprobaciones, la legislación aborda las barreras comerciales internas, que, según los economistas, cuestan anualmente decenas de miles de millones de dólares en productividad y producción económica perdidas. Una disposición clave de la ley reconocerá los estándares provinciales para bienes, servicios y certificación laboral como conformes con el estándar federal, aunque la movilidad interprovincial efectiva seguirá dependiendo de la cooperación de los gobiernos provinciales. A pesar del escepticismo de algunos líderes de la oposición, como Pierre Poilievre, quien califica la medida como «un pequeño paso», el gobierno federal espera que la eliminación de todas las exenciones al Acuerdo de Libre Comercio Canadiense para el 1 de julio fomente una mayor armonización en todas las jurisdicciones, impulsando así la eficiencia y la productividad en todo el país.
