Israel entró en una fase de presión simultánea sobre su estructura militar y su estabilidad política. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, presentó al gabinete de seguridad una advertencia de máxima gravedad sobre el estado operativo del ejército, en medio de la guerra contra Irán y de una disputa interna que alcanza al corazón de la coalición encabezada por Benjamín Netanyahu. La alerta no se limitó al desgaste de las tropas. También expuso un conflicto institucional sobre reclutamiento, reparto de cargas y capacidad del gobierno para sostener una guerra en varios frentes sin alterar su equilibrio político interno.
La advertencia de Zamir describió un punto de ruptura estructural. El alto mando militar señaló que el sistema de reservistas está agotado tras años de conflicto y una etapa reciente marcada por movilizaciones intensivas. Parte de esa presión se concentra en ciudadanos que han acumulado más de 300 días de servicio en los últimos dos años, con efectos visibles en negocios, familias y estabilidad personal. A esto se suma un déficit reconocido de personal que, en una de las evaluaciones presentadas, llegó a 12 mil soldados entre combate y apoyo logístico, y en otra estimación más amplia subió a 15 mil, de los cuales 8 mil corresponden a combate directo.
La señal militar fue acompañada por una advertencia operativa concreta: sin nuevas decisiones legales y políticas, las FDI podrían dejar de cumplir incluso tareas rutinarias de patrullaje y vigilancia. En términos estratégicos, eso no solo compromete el esfuerzo de guerra, sino también la seguridad básica en sectores sensibles de frontera y territorios bajo presión constante.
Los principales focos de la crisis son estos:
- déficit de entre 12 mil y 15 mil soldados, según las evaluaciones presentadas;
- más de 300 días de servicio acumulados por muchos reservistas en 24 meses;
- estimación de 80 mil hombres ultraortodoxos en edad militar que no están sirviendo;
- operaciones simultáneas en Líbano, Gaza, Siria, Cisjordania e Irán;
- impactos recientes de misiles iraníes reportados el 26 de marzo en el centro de Israel;
- advertencia de que sin medidas antes del fin de Pesaj podrían abandonarse posiciones en el sur de Líbano y reducirse despliegues en Cisjordania.
El eje político de la crisis está en el reclutamiento de la población haredí. La disputa no gira solo en torno a una reforma administrativa, sino a la supervivencia de la coalición de gobierno. La Corte Suprema ya determinó en 2024 que no existe base legal para mantener la exención generalizada de estudiantes de yeshivá del servicio militar. Sin embargo, el gobierno ha evitado aplicar un reclutamiento amplio de ese sector para no poner en riesgo su mayoría parlamentaria, sostenida precisamente por partidos ultraortodoxos.
Ese cálculo dejó al gabinete en una posición delicada. El ejército exige ampliar la base de reclutamiento de inmediato para evitar vacíos operativos. La coalición necesita conservar el respaldo de sus socios religiosos para sostener sus 64 escaños. La tensión entre ambas necesidades convirtió el problema militar en una crisis institucional. La advertencia de Zamir, en ese contexto, funciona como un mensaje al poder político: la continuidad de la guerra y la viabilidad de ciertos objetivos militares ya no dependen solo de estrategia o armamento, sino de una decisión legislativa sobre quién debe cargar con el costo del servicio.
La desigualdad en el reparto de esa carga aparece como uno de los puntos más sensibles. La presión social creció entre sectores seculares y nacional-religiosos que ven a sus reservistas regresar una y otra vez al servicio mientras miles de jóvenes ultraortodoxos permanecen fuera del sistema. Esa fractura afecta cohesión social, legitimidad política y capacidad de movilización futura.
Frente a esa situación, el gobierno discute tres rutas. La primera es una compensación presupuestaria para contener el malestar de los partidos ultraortodoxos. En esa línea, se aprobó una transferencia superior a 1,600 millones de dólares, equivalentes a 5 mil millones de shekels, para instituciones religiosas y asentamientos dentro del presupuesto de 2026. La segunda opción es un modelo de reclutamiento selectivo, enfocado en quienes no estén estudiando activamente, con una meta estimada de entre 3 mil y 5 mil jóvenes, además de la creación de unidades especiales con condiciones religiosas estrictas. La tercera es una estrategia de dilación política, atribuyendo la falta de avances a obstáculos legales y judiciales, con el objetivo de ganar tiempo hasta la aprobación del presupuesto de defensa.
En paralelo, el gabinete prepara un paquete de emergencia para después de las festividades de abril. Ese plan incluye el regreso del servicio obligatorio masculino de 30 a 36 meses, una ley de reserva con compensación económica equivalente al 200 % del salario base y la elevación de la edad de exención para reservistas especializados de 40 a 45 o 50 años, dependiendo del rol.
Estas medidas muestran que el gobierno intenta reforzar la estructura existente antes que resolver de fondo la disputa sobre igualdad en el reclutamiento. Eso tiene una implicación inmediata: la carga seguiría recayendo principalmente sobre quienes ya están dentro del sistema. La oposición ya reaccionó en esa dirección. Yair Lapid, Benny Gantz y Gadi Eisenkot rechazaron cualquier extensión del servicio para quienes ya sirven si no se incorpora también un reclutamiento más equitativo para los ultraortodoxos. Esa coincidencia opositora amplía el costo político del inmovilismo oficial.
La dimensión externa vuelve la crisis todavía más delicada. Israel se encuentra en medio de la llamada Operación León Rugiente contra Irán y sus aliados, con despliegues activos en varios frentes a la vez. La guerra multifrente hace que el déficit de soldados no sea una cuestión abstracta. Si las FDI reducen presencia en alguno de esos escenarios, el efecto no sería solo administrativo: alteraría la postura militar de Israel en pleno conflicto regional.
Lo que sigue dependerá de la capacidad del gobierno para resolver en semanas, no en meses, el choque entre necesidad militar y supervivencia política. Si no hay acuerdo sobre reclutamiento, extensión del servicio y protección a reservistas, el costo puede trasladarse del terreno legislativo al operativo. La advertencia del alto mando dejó claro que la crisis ya no está en fase de prevención. Se convirtió en una prueba directa para la relación entre guerra, coalición y capacidad del Estado israelí para sostener ambas al mismo tiempo.
