La Cámara de Diputados aprobó en lo particular el llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con lo que el cambio constitucional avanzó a su siguiente etapa legislativa: la revisión en los congresos estatales. La votación cerró una sesión de más de 16 horas marcada por choques verbales entre bancadas, reclamos por el procedimiento y una disputa política alrededor del alcance real de la reforma.
La enmienda modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución. En la votación en lo particular obtuvo 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención. El bloque mayoritario de Morena, PT y PVEM sostuvo el respaldo a la propuesta, mientras PAN y PRI concentraron la oposición durante el debate. Movimiento Ciudadano quedó en el centro de la confrontación política por su actuación a lo largo de la discusión, lo que derivó en acusaciones directas desde la tribuna por parte de legisladores opositores.
El contenido del cambio constitucional apunta a una reducción de costos en estructuras políticas y electorales locales. Entre los puntos centrales aprobados se encuentran los siguientes:
- los ayuntamientos tendrán un máximo de 15 regidurías;
- el presupuesto anual de los congresos locales no podrá exceder 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad;
- las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales no podrán ser superiores a la de la Presidencia de la República;
- también quedan limitadas prestaciones como seguros privados de gastos médicos, de vida, pensiones privadas, seguros de separación individualizados y cajas de ahorro especiales;
- el presupuesto anual del Senado deberá ajustarse de forma progresiva durante cuatro ejercicios fiscales para alcanzar una reducción acumulada de 15 por ciento en términos reales.
Con esta aprobación, la mayoría legislativa logró sacar adelante una reforma que presentó como un recorte a privilegios y una medida de austeridad institucional. La oposición, en cambio, concentró sus críticas en dos frentes: el tamaño del ahorro esperado y el efecto político de modificar la integración de ayuntamientos, congresos locales y órganos electorales sin una construcción de consenso más amplia.
La discusión en el pleno se desarrolló bajo una tensión creciente. Aunque existía un acuerdo previo para limitar el número de intervenciones en tribuna, ese arreglo se rompió conforme avanzó la sesión y la lista de oradores superó el centenar. El ambiente se degradó entre insultos, acusaciones personales y referencias directas entre coordinaciones y bancadas, al punto de convertir el cierre del debate en un intercambio de descalificaciones más que en una deliberación técnica sobre el contenido constitucional.
En el plano institucional, la reforma también dejó una señal política sobre la ruta de la mayoría en San Lázaro. La bancada oficialista defendió el cambio como parte de una agenda de austeridad y ajuste de estructuras locales, mientras PAN y PRI intentaron colocar el tema en el terreno de la representación democrática y del equilibrio entre poderes e instituciones. En medio de esa confrontación, el papel de Movimiento Ciudadano fue utilizado por ambos bloques como parte de la disputa política del momento.
Más allá del tono del debate, el punto de fondo está en el rediseño de reglas para la representación local y para el gasto público de congresos y autoridades electorales. La reducción de regidurías modifica la integración de ayuntamientos; el tope presupuestal a legislaturas estatales introduce un límite constitucional directo sobre su operación financiera; y el recorte a percepciones y prestaciones en órganos electorales se inserta en la lógica de austeridad que el oficialismo ha buscado ampliar a distintas áreas del Estado.
El siguiente paso ya está definido. Al tratarse de una reforma constitucional, el decreto fue remitido a los 32 congresos locales y requiere el respaldo de al menos 17 de ellos para poder declararse aprobado. La ruta comenzó de inmediato: Tabasco se convirtió en el primer estado en avalarlo apenas unas horas después de la votación en San Lázaro.
Ese dato confirma que la mayoría legislativa no solo consiguió la aprobación en la Cámara de Diputados, sino que también activó una operación rápida para empujar el trámite en los estados. En términos políticos, eso acelera la posibilidad de que el Plan B quede cerrado en un periodo corto si el bloque oficialista replica su fuerza territorial en los congresos locales.
Junto con el debate electoral, el pleno también aprobó cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para ampliar facultades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en obras vinculadas con establecimientos de salud. Esa votación tuvo un respaldo más amplio, con 423 votos a favor y 37 en contra, y quedó separada del frente de conflicto más intenso, que fue la reforma electoral.
Con la votación en Diputados, el Plan B entra ya en su fase estatal. La discusión de fondo deja abiertas dos preguntas: si la reforma reunirá con rapidez las 17 aprobaciones necesarias y qué impacto real tendrá en la representación local, el gasto legislativo y la operación de los órganos electorales en los estados.
