Coyuntura económica y algo más

Cuando el Estado se salta al juez, el capital se salta al país…

– Macraf

La economía no se mueve solo con tasas de interés, tratados o discursos: se mueve con una palabra que a la 4T le incomoda porque no se decreta. Confianza. Y esta semana, con el fallo de la Suprema Corte que avala que la UIF congele cuentas sin orden judicial, el país se metió de lleno en un dilema que no es jurídico de escritorio: es económico en estado puro. Porque sí, hay que combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; pero también hay que entender que si el Estado amplía su poder sin fortalecer garantías, el costo lo termina pagando el crecimiento y, sobre todo, el desarrollo.

La Corte avaló que la UIF bloquee cuentas sin intervención del Ministerio Público, sin orden judicial y sin solicitud extranjera cuando existan indicios de delitos de origen nacional. La mayoría lo presentó como una medida administrativa y cautelar, no como sanción penal. Y ahí empieza el problema: en la vida real, para una empresa o una persona, que te congelen las cuentas sí se siente como sanción, porque te paraliza. Puedes tener la razón en el papel, pero si quedas sin flujo, sin pagos, sin nómina, sin operación, la razón llega tarde. Y en economía, cuando la certeza llega tarde, ya no sirve.

Quienes aplauden el fallo repiten una idea que suena atractiva: “se acabó el amparo exprés”, “se acabó el escudo”, “ahora sí se les corta el oxígeno a los delincuentes”. Incluso se citan números para justificar el giro: desbloqueos masivos entre 2018 y 2025 por más de 32 mil millones de pesos, y miles de amparos resueltos a favor de los quejosos. El mensaje político es evidente: “el Poder Judicial protegía a los malos”. Pero aquí la pregunta económica es más incómoda: ¿por qué se liberaba tanto? Si el porcentaje de liberaciones fue tan alto, eso también puede significar que muchos bloqueos se hicieron con bases endebles, sin parámetros claros o con pruebas insuficientes. Y si tu herramienta estrella funciona con alta tasa de corrección judicial, el problema no es solo el juez: es la calidad del procedimiento.

La Corte intenta poner un candado: plazos, audiencia, pruebas, resolución en días. Perfecto. Pero el punto de fondo sigue ahí: el margen de discrecionalidad. En el mundo de los capitales, la discrecionalidad es veneno. Porque lo que el inversionista valora no es la buena intención del gobierno; valora reglas claras, parámetros verificables y un árbitro independiente. Si el árbitro es el propio Estado y además concentra poder para inmovilizar recursos sin pasar por juez, la pregunta no es “¿y si eres inocente?”; la pregunta es “¿cuánto cuesta el riesgo de que te pase?”

Y aquí es donde el tema deja de ser de abogados y se vuelve de crecimiento y desarrollo. Cuando sube el riesgo de “eventos” administrativos que pueden paralizar operaciones, sube el costo del capital. Suben las primas de riesgo. Se encarece el crédito. Los proyectos se vuelven más caros de financiar. Las empresas ajustan: invierten menos, contratan menos, se cubren más, migran operaciones, diversifican jurisdicciones o, en el mejor de los casos, se quedan pero con freno. El resultado macro termina siendo el de siempre: mediocridad. Y el resultado social también: menos empleo formal, menos productividad, menos movilidad social.

La moradora de palacio dice que “nadie tiene por qué temer”, que no habrá discrecionalidad ni persecución política. Suena bonito. El problema es que la confianza no funciona con promesas. Funciona con contrapesos. Si la arquitectura institucional se ha dedicado a debilitar contrapesos —como ya lo vimos con el nuevo morador de Palenque y ahora en el segundo piso— entonces lo que la gente escucha no es tranquilidad; es advertencia: “confía porque yo lo digo”. Y esa no es confianza; es fe obligatoria.

Lo paradójico es que el argumento de “soberanía” se usa como escudo moral. Se dice que no podemos depender de decisiones extranjeras para congelar cuentas. De acuerdo. Pero la soberanía no es solo poder estatal; también es capacidad institucional. Un país soberano no es el que puede bloquear más fácil, sino el que puede bloquear bien: con criterios claros, con revisión judicial efectiva, con reparación en caso de error y con mecanismos que reduzcan al mínimo el riesgo de uso político. Si no, la soberanía se vuelve excusa para arbitrariedad.

El caso “estreno” del nuevo criterio —una empresa ligada a un entorno criminal— sirve para vender el triunfo. Pero la economía no se mide por un caso ejemplar: se mide por el efecto sistémico. Y el efecto sistémico es que México está enviando una señal mixta al capital: “vamos contra el dinero sucio”… pero al mismo tiempo “el Estado puede inmovilizarte sin juez”. En países con instituciones sólidas, esa tensión se absorbe con controles y transparencia. En países donde la tentación de usar el poder para disciplinar adversarios existe —y aquí existe—, la tensión se convierte en riesgo país.

Y entonces volvemos a lo esencial: la confianza como activo económico. Confianza es lo que hace que una empresa reinvierta utilidades en México en lugar de mandarlas fuera. Confianza es lo que hace que un fondo acepte plazos largos. Confianza es lo que hace que un banco preste con spreads razonables. Confianza es lo que hace que el ahorro local se convierta en inversión productiva y no en fuga defensiva. Si el Estado decide ganar poder rápido a costa de garantías, gana un instrumento… y pierde el activo más caro de todos: credibilidad institucional.

En resumen: sí, hay que perseguir el lavado. Sí, hay que cortar oxígeno al crimen. Pero si el costo de hacerlo es abrir una puerta grande a la discrecionalidad, el país termina pagándolo con menos inversión, menos crecimiento y menos desarrollo. Porque al final, el Estado de derecho no es un lujo liberal: es un insumo de competitividad. Y sin competitividad, la 4T podrá congelar cuentas… y también el futuro.

“Así, así los tiempos estelares del segundo piso, de la transformación de cuarta.”

✒️ El apunte incómodo

Antes de la 4T —según su mesías de barro, hoy nuevo morador de Palenque— todo estaba mal. Tan mal, que prometió que con su refinería las gasolinas bajarían a 10 pesos por litro. Sí lo dijo. Hay videos. Siete años después, lo único que bajó fue el pudor de admitir el fracaso: no tenemos precios más bajos, el Sistema Nacional de Refinación está colapsado, y hasta la tan aclamada refinería de Texas, Deer Park, empezó a sufrir “inconvenientes” que antes no pasaban. Bastó que llegara la 4T para que la refinería no solo no refinara como prometían: se incendia y hasta provoca derrames.

¿Y qué responde la moradora de palacio? Que si no hicieran nada, la gasolina Magna estaría en 30 pesos por litro. Ajá. Y cuando le preguntan por la Premium, su respuesta literal es: “pueden cargar Magna”. En buen cristiano: me importan un carajo sus bienes; yo solo controlo la que más se usa, porque eso me da votos. Lo demás es de “fifís”.

No cabe duda: si algo cambió en estos siete años de transformación de cuarta, es que nunca antes habíamos visto un gobierno tan incompetente gobernar… y mira que en la historia del país la competencia es dura.