El metro es, en cualquier metrópoli del mundo, mucho más que un servicio de transporte. Es un instrumento de inclusión y el medio por el que trabajadoras y trabajadores, estudiantes, comerciantes y familias enteras acceden a oportunidades que, de otra manera, quedarían fuera de su alcance. Donde hay metro, hay ciudad.

En la Ciudad de México, el metro es la columna vertebral del transporte público. Cada día, alrededor de 4.6 millones de personas se desplazan por sus 12 líneas y 195 estaciones. Para ponerlo en perspectiva, es como si cada 24 horas cruzaran por sus túneles todos los habitantes de Costa Rica, o cerca de la mitad del área metropolitana de Madrid. 1 de cada 2 viajes en transporte público en la capital depende de este sistema. Por eso es tan importante hablar de él y de cómo un retraso afecta la vida de miles de personas.

Por eso, hoy la premisa que pongo sobre la mesa, es que atender las deficiencias estructurales  del metro es, antes que un tema técnico o financiero, un asunto de justicia social. Y lo es porque quienes más dependen del metro son quienes cargan con las desigualdades más profundas de esta ciudad.

La Ciudad de México es profundamente adversa para la mayoría de quienes la habitan. De acuerdo con datos de INEGI, 43% de la población no tiene un suministro constante de agua potable. Por su parte, la Encuesta Origen-Destino de la Zona Metropolitana del Valle de México, documenta que una proporción significativa de los capitalinos destinan entre 2 y 3 horas diarias a trasladarse, es decir, el equivalente a un turno laboral completo cada semana dedicado únicamente a ir y volver. A esto se suma que el salario mínimo sigue siendo insuficiente para que un hogar promedio adquiera dos canastas alimentarias básicas.

En ese contexto, que el Estado sea incapaz de garantizar un transporte público digno no es es una de las grandes fallas morales del proyecto de ciudad. Porque el tiempo que el metro les roba a sus usuarios (cuando cierra sin aviso, un tren se detiene sin explicación, estalla un flamazo, hay un paro escalonado o se obliga a la gente a caminar por las vías) es tiempo robado a las esferas más importantes de la vida cotidiana de las personas: hijos, descanso, estudio, cuidado,  salud, etc. Lo anterior lo cargan las mujeres, las y los trabajadores, las colonias periféricas y quienes no tienen alternativa.

Mientras tanto, los propios números oficiales cuentan una historia inquietante. El presupuesto del Sistema de Transporte Colectivo Metro para 2026 asciende a 25 mil millones de pesos. Parece una cifra grande, sin embargo, al mirarlo con detalle, se descubre que 10 mil millones, 40%, se destinan al pago de personal, y que los rubros sustantivos, los que efectivamente deciden si los trenes circulan con seguridad, reciben migajas: 375 millones para renovación de trenes, 290 millones para vías, 500 millones para refacciones y 180 millones para llantas. Sumados, apenas representan alrededor del 5% del gasto total del organismo.

Paralelamente, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Colectivo metro ha denunciado que el 70% de los trenes no ha recibido mantenimiento general y que 84 convoyes se encuentran detenidos en talleres por falta de refacciones. No se necesita ser ingeniero para comprender que con esos números no se sostiene un sistema que mueve diariamente a 4.6 millones de personas. Se administra, en el mejor de los casos, su deterioro.

Lo más grave, sin embargo, no es que el metro esté mal. Lo más grave es que nos estamos acostumbrando a que esté mal. A que el andén sea una trinchera. A normalizar el polvo, la oscuridad, la incertidumbre, el retraso de media hora, el vagón detenido entre estaciones. A dar por hecho que vivir en la Ciudad de México tiene que ser así.

No podemos seguir normalizándolo. Tenemos que alzar la voz. Si de verdad aspiramos a ser una ciudad que ofrezca a sus habitantes condiciones dignas para habitarla, no para sobrevivirla, tenemos que empezar por el lugar donde las personas pasan buena parte de su día: el transporte público. Y, al mismo tiempo, tenemos que aspirar a algo igual de difícil y urgente: a que las personas pasen menos tiempo transportándose. A pensar y planear una ciudad que no obligue a sus habitantes a perder tres horas diarias en el trayecto. Ese, sin embargo, es un tema enorme en el que tendré que ahondar en otra ocasión.

Por lo pronto, dejo una última reflexión, quizá injusta en lo personal, pero inevitable en lo político: si la Jefa de Gobierno o el Director General del Metro tomaran cada mañana la Línea A para ir a trabajar; si sus familias dependieran de la Línea 3 para llegar a tiempo a la escuela, si hicieran el trasbordo en Pantitlán en hora pico, probablemente las decisiones serían otras. Las prioridades presupuestales serían otras. El mantenimiento sería otro. Porque hay problemas públicos que solo se atienden cuando quienes los deciden los padecen.

Hoy para mi el Metro es un asunto de gestión pero sobre todo de dignidad. Y la dignidad de millones no puede seguir esperando a que alguien, arriba, quiera tomar decisiones.