Geopolítica y Comercio
A lo largo de las últimas semanas, el secretario de Economía Marcelo Ebrard ha hecho varias declaraciones tratando de reducir las expectativas del sector privado sobre un posible arreglo entre México y Estados Unidos que permita eliminar los aranceles que se aplican a los productos mexicanos desde marzo del año pasado y regresar así a un verdadero régimen de libre comercio, como el que existió a partir de enero de 1994 con la entrada en vigor del TLCAN. Por su parte, la contraparte de Ebrard, el Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) Jamieson Greer, ha dicho desde el año pasado en diversos foros que el cobro de aranceles es un elemento primordial del gobierno de Trump para reducir el déficit en la balanza comercial y compensar por lo que ha descrito como abusos de otros países a los exportadores estadounidenses.
Otros miembros del gabinete de Estados Unidos, como el secretario de Comercio Howard Lutnick o el secretario del Tesoro Scott Bessent, han dicho que los aranceles son un incentivo para repatriar a territorio de la Unión Americana la producción de autos, medicamentos de última generación y otras manufacturas que se consideran estratégicas y promover así el crecimiento de su economía. Sin embargo, Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han dicho que la principal finalidad de los aranceles es servir como un elemento de presión sobre los demás países, a la que hasta la fecha sólo China y Canadá han tenido la capacidad para responder. Por ejemplo, Estados Unidos logró el año pasado que los países africanos votaran en contra de varias medidas en contra del cambio climático en varios organismos de la ONU ante la amenaza de incrementarles los aranceles recíprocos.
Ante las impugnaciones de diversas empresas y de varios gobiernos estatales a los aranceles de la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia – o IEEPA por sus siglas en inglés – y ahora a los gravámenes aplicados en base a la sección 122 de la Ley de Comercio, el USTR ha buscado nuevas maneras para seguirlos aplicando por medio de diversas investigaciones en base a la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, similares a las que generaron los aranceles al acero, aluminio, cobre, autos, autopartes, productos de madera y camiones.
Las dos investigaciones más recientes son sobre la producción de manufacturas usando trabajo forzado y por lo que el USTR denominó como “exceso de capacidad de producción estructural” que dice, permite que otros países, como México, produzcan mucho más de lo que requiere su mercado doméstico y exporten tales cantidades a Estados Unidos que provocan la caída del precio del mercado, con lo que productos similares estadounidenses dejan de ser competitivos, aumenta la demanda por productos importados esto sirve para aumentar el déficit en balanza comercial. Tanto el gobierno mexicano, como varias organizaciones del sector privado, participaron en las audiencias públicas sobre estos casos argumentando que la producción mexicana depende de la demanda doméstica y de la del mercado estadounidense.
El resultado de estas investigaciones se dará a conocer el 24 de julio, al día siguiente que expiran los 150 días en que se pueden aplicar los aranceles en base a la sección 122, y a más de tres semanas de la reunión ministerial en la que México, Estados Unidos y Canadá darán a conocer si continúan, o no, como parte del TMEC.
Ante este panorama, ¿qué elementos tiene México para negociar la eliminación de los aranceles? Inicialmente propuso la solución de las más de 50 barreras no arancelarias de las que Estados Unidos se ha quejado, a lo que el USTR se negó. Posteriormente, México estuvo de acuerdo en establecer fuera del marco del TMEC un programa para el acceso en su territorio al litio y al resto de los minerales que el Departamento de Energía ha identificado como críticos, mientras que Canadá se ha negado a negociar este tema fuera del marco de la revisión del tratado.
Por su parte, la entrega de los políticos requeridos por la corte del sur de Nueva York es una ficha de cambio. Retrasar la entrega de Rocha argumentando falta de pruebas demuestra el desconocimiento de las propias autoridades del acuerdo de extradición que permite la detención provisional por 60 días a reserva de que Estados Unidos entregue antes de la conclusión de este límite las pruebas adicionales que solicite México. Seguir protegiendo a Rocha tiene un costo político que puede generar reacciones violentas de Trump, conocido por sus arrebatos.
