Geopolítica y Comercio
Una de las características del gobierno de Morena ha sido posponer muchas decisiones importantes para que sean otros los responsables que tengan que enfrentar los costos políticos de las mismas, lo que conocemos como “patear el bote”. A diferencia de lo que opinan algunos asesores de Palacio Nacional, que consideran que sería mejor para México darle largas a la renegociación del TMEC hasta principios del próximo año – cuando se espera que los demócratas controlarán nuevamente al menos una de las dos cámaras del congreso estadounidense, lo que funcionaría como un contrapeso muy importante a los caprichos de Trump – el gobierno de Sheinbaum no tiene ni la capacidad ni el capital político para determinar los tiempos de esta negociación, la que entre más dure, mayor incertidumbre generará para la producción e inversión en México.
Todo hace inferir que la renegociación del TMEC será un proceso que llevará por lo menos un año de acuerdo con los temas que se han mencionado, aunque no conoceremos la agenda oficial hasta la reunión ministerial del próximo primero de julio, donde Estados Unidos deberá informar por escrito a México y Canadá sobre su intención de extender, o no, el tratado y las condiciones para hacerlo. Por su parte, Ottawa y Palacio Nacional enviaron su posición el pasado primero de junio, indicando su disposición a extender el tratado por otros 16 años. Aunque oficialmente el USTR no ha dado a conocer su postura, existen varias referencias que indican que el Representante Comercial Jamieson Greer ya ha informado a Marcelo Ebrard y a Dominic LeBlanc su intención de negociar bilateralmente, incluir los acuerdos en “side letters” y así evitar que el congreso los ratifique.
La intención de Estados Unidos de negociar bilateralmente por separado con México y Canadá responde a que Trump considera que de esa manera tendrá mayor poder tanto en la negociación como posteriormente en la resolución de cualquier conflicto, en lugar de hacerlo con los tres países a la mesa. Si la revisión del TMEC ha generado diversas preguntas sobre el papel que debe jugar el congreso estadounidense, debido a que es la primera vez que cualquiera de los 14 tratados comerciales que tiene en vigor la Unión Americana es sujeto de este proceso, negociar de manera bilateral hará más lento el proceso, pues de acuerdo con las reglas de cualquier negociación: nada está acordado hasta que todo está acordado. Y no podemos olvidar que Canadá tiene la prerrogativa de no considerar el texto que haya acordado con Estados Unidos cerrado hasta que también haya llegado a un acuerdo con México.
Sin embargo, en tanto Trump logre evitar que el congreso participe en el proceso de negociación, como lo ha hecho en la negociación de los demás tratados de libre comercio que Estados Unidos tiene en vigor, México y Canadá están sujetos a los caprichos del presidente estadounidense, el que puede detener, cambiar los términos de la negociación e incluso desconocer los acuerdos que se hubieran alcanzado hasta ese momento y no tiene obligación de tomar en consideración las propuestas del sector privado. Mientras el congreso se mantenga al margen del proceso, no aplican los términos de la ley de Promoción Comercial, que establece que cualquier negociación comercial requiere que la Casa Blanca y el congreso acuerden, junto con los comités asesores del sector privado, tiempos y objetivos para la negociación.
México puede argumentar que le conviene que no intervenga el congreso porque la ratificación en el Capitolio siempre implica nuevas concesiones una vez que se cerró el texto, donde el costo político suele ser significativo, pero sin ellas es imposible lograr los votos necesarios en ambas cámaras para su aprobación. Así sucedió tanto con el TLCAN como con el TMEC. También es una manera de justificar la falta de canales de comunicación con el congreso, los que requieren de tiempo para establecerlos y hacerlos funcionar de manera adecuada.
El gobierno mexicano tiene la posibilidad de frenar la negociación si los problemas relacionados con los narco-carteles no se solucionan. Sin embargo, ello puede reventar la negociación, lo que no le conviene a Sheinbaum cuando Estados Unidos adquiere el 83% de nuestras exportaciones, genera el 39% de nuestras importaciones y la inversión no llega. Además, un retraso injustificado en la renegociación del TMEC puede tener consecuencias negativas para la calificación del grado de inversión y generará nuevos cuestionamientos sobre el futuro de Morena.
