Desde el miércoles de la semana pasada, las autoridades mexicanas y los líderes de algunos de los principales organismos del sector privado del país han hecho diversas declaraciones asegurando que la decisión de Estados Unidos, de no extender el TMEC por otros 16 años, no genera incertidumbre en tanto que el tratado continuará en vigor hasta el 30 de junio de 2036. Sin embargo, varios de los organismos más importantes del sector privado en Estados Unidos y Canadá, como la US Chamber of Commerce, el Business RoundTable, el Business Council of Canada o el Consejo de la Región de los Grandes Lagos; think-tanks como el Center for Strategic and International Studies, el Peterson Institute for International Economics o el Expert Group on Canada-US Relations de Ottawa; y el Fondo Monetario Internacional, opinan lo contrario.
En medio de esta vorágine, hay tres temas que el secretario Ebrard ha omitido o esquivado en sus respuestas que contribuyen al clima de incertidumbre que rodea al tratado. El primero es la agenda que se vaya a negociar con Estados Unidos. Conocer los temas que están sobre la mesa ayudará a tener una mejor idea de la posible duración de este primer periodo de negociaciones y así elaborar posibles escenarios, pues la lista de temas que se ha comentado hasta la fecha es larga: incluye las quejas de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre las más de 50 barreras no arancelarias generadas por el gobierno de López Obrador; las propuestas de Estados Unidos sobre cambios relacionados con reglas de origen, derechos laborales, protección del medio ambiente, el sector automotriz y la reducción en la dependencia de países fuera de la región; y los aranceles aplicados a productos e insumos mexicanos. Además, Estados Unidos quiere incluir nuevos temas, como inteligencia artificial y minerales críticos.
El segundo es la participación de Canadá en el proceso. Hasta la fecha, el USTR ha manejado la renegociación del tratado como si fueran dos acuerdos bilaterales, uno con México y otro con Canadá, argumentando que la agenda con cada uno es diferente, por lo que no tiene caso hacer una negociación trilateral. Gracias a la pequeña mayoría republicana en ambas cámaras del congreso, Trump ha logrado evitar la intervención del congreso estadounidense en este proceso, pero hay dudas con relación a si el Capitolio debe ratificar los acuerdos alcanzados y si el USTR tiene la autoridad para separar las negociaciones con ambos países, ya que ni en el texto del tratado ni en la ley de implementación del acuerdo en Estados Unidos hay alguna referencia al respecto.
A mediados de junio, se filtró en la prensa canadiense que de las 36 barreras no arancelarias que el USTR había solicitado resolver al gobierno de Mark Carney, quedaban 24 por discutir, las que está atendiendo el responsable del TMEC en Canadá, Dominic LeBlanc. Por otra parte, hace tres semanas Carney dijo públicamente que Canadá tiene varios temas que discutir con México y cuando a Ebrard se le han preguntado cuáles son estos temas, ha evitado responder.
Desde la última reunión de la Comisión del TMEC en mayo del 2024, la ministra canadiense Mary Ng le planteó a Raquel Buenrostro las preocupaciones de su país relacionadas con energías renovables, minería, la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible y controles sobre el mercado de acero y aluminio. Otros funcionarios canadienses han dicho recientemente que también hay preocupaciones sobre el mecanismo de solución de controversias derivadas de la reforma judicial. Este 27 de abril, Canadian Pacific Kansas City, que opera la única red integrada de trenes en América del Norte, solicitó el inicio de un arbitraje internacional en contra de México argumentando que las políticas ferroviarias del gobierno discriminan a las inversiones extranjeras y violan el acuerdo Trans-Pacífico.
El tercero son las reglas que regularán la renegociación, mas aún que es un proceso inédito para Estados Unidos y que las partes tampoco acordaron las directrices necesarias. Por ejemplo, aunque se habla de revisiones anuales en tanto los tres socios no estén de acuerdo en la extensión del tratado, no hay ninguna restricción de tiempo que indique que las revisiones deberán realizarse de acuerdo con un determinado calendario de trabajo o si los cambios acordados estarán sujetos a la ratificación del congreso estadounidense. En el caso de México, cualquier cambio deberá ser aprobado por mayoría simple por el senado.
