Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llevó este jueves su confrontación con el gobierno de Claudia Sheinbaum a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde presentó una denuncia en la que acusa a las autoridades mexicanas de presuntas violaciones a derechos humanos, censura y persecución política contra opositores.
A través de un mensaje difundido desde Nueva York, Moreno afirmó que su denuncia fue dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y sostuvo que el gobierno mexicano estaría incumpliendo compromisos internacionales establecidos en la Carta de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Palermo.
Entre los señalamientos incluidos por el senador priista están la supuesta censura contra opositores, periodistas y medios de comunicación, así como intentos de limitar la información que reciben los ciudadanos. También cuestionó las disposiciones relacionadas con la entrega de datos biométricos para registrar líneas telefónicas y denunció la crisis de desapariciones en México.
Moreno fue más allá y acusó al gobierno de Morena de avanzar hacia un régimen autoritario y de mantener presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia presentada por el dirigente priista y no constituyen por sí mismas conclusiones de organismos internacionales ni resoluciones judiciales.
El recurso ante la ONU ocurre en un momento particularmente complejo para Moreno. El dirigente del PRI enfrenta en México un proceso relacionado con la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que lo señala por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador de esa entidad entre 2015 y 2019. El expediente involucra acusaciones por un presunto desvío superior a 83 millones de pesos.
El conflicto político también se trasladó recientemente a Estados Unidos. Moreno ha utilizado instancias estadounidenses para denunciar lo que considera restricciones a la libertad de expresión y acciones del gobierno mexicano contra la oposición. El 10 de agosto, por ejemplo, presentó una denuncia ante el Departamento de Estado contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), después de que una resolución electoral le impidiera utilizar determinadas expresiones contra Morena.
La nueva acción ante Naciones Unidas amplía esa estrategia al ámbito multilateral. En su mensaje, Moreno aseguró que en México se elaboran y difunden listas de críticos, periodistas, medios, plataformas digitales y ciudadanos que resultan incómodos para el gobierno por ejercer su libertad de expresión.
La denuncia también se produce mientras aumenta la tensión entre el PRI y Morena dentro del Congreso. El partido oficialista ha cerrado filas con la presidenta Sheinbaum y ha cuestionado la estrategia internacional de Moreno, mientras que el priismo sostiene que sus acciones buscan llamar la atención de organismos externos ante lo que considera un deterioro de las instituciones democráticas.
El momento político resulta relevante porque la disputa entre Moreno y el oficialismo ya no se limita al debate legislativo o electoral. El dirigente priista está utilizando organismos internacionales como un nuevo espacio para exponer sus acusaciones contra el gobierno mexicano, mientras enfrenta simultáneamente procedimientos políticos y judiciales dentro del país.
La presentación ante la ONU, sin embargo, no implica que el organismo haya determinado que las acusaciones sean ciertas. Corresponderá a las instancias internacionales competentes valorar si existe materia para revisar los señalamientos y, en su caso, solicitar información al Estado mexicano.
Por ahora, la denuncia representa un nuevo capítulo en la confrontación entre el dirigente del PRI y el gobierno de Morena: mientras Moreno busca internacionalizar sus acusaciones de autoritarismo y persecución política, el oficialismo sostiene que sus acciones forman parte de una estrategia de confrontación política en un momento en que enfrenta procesos pendientes dentro de México.
